Franco Moreira, representante de la UOCRA en Puerto Deseado, realizó un balance sobre la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción a raíz de la falta de obra pública. El dirigente destacó la importancia del reciente anuncio de reactivación, aunque fue cauto respecto a los plazos reales para que estas obras se pongan en marcha.
Moreira explicó que desde diciembre de 2023 la desocupación en el sector alcanzó niveles inéditos en comparación con otros períodos. “Hasta la fecha no hemos recuperado ni el 10% de los despidos que hubo en Santa Cruz y a nivel nacional, siempre hablando del sector de la construcción”, afirmó. Indicó que las obras públicas provenientes de Nación, Provincia y Municipio fueron paralizadas en su totalidad a partir de ese mes, en parte debido a la eliminación del Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional y la falta de fondos de coparticipación.
Actualmente, las obras activas en Puerto Deseado son muy acotadas: el gas de Puesta del Sol y los terrenos de Santos, con apenas 7 u 8 operarios, y el nicho del cementerio, de una empresa local, que emplea a 5 personas. “Estamos hablando de 10 a 15 personas”, detalló Moreira, contrastando esta cifra con los casi 600 despidos registrados en diciembre de 2023, entre ellos trabajadores de represas, minería, YPF y obra pública.
Expectativa por el puerto, la minería y las represas
Sobre el anuncio de la reactivación, remarcó: “Ojalá sea algo rápido porque todos sabemos que primero vienen los anuncios, después los proyectos, la ingeniería, la etapa de pliegos, licitación… estamos hablando de 60, 90, 120 días”. Citó como ejemplo la reparación del sitio 3 y 4 del puerto local, una obra valuada en unos 20 millones de dólares (25.000 millones de pesos), considerada clave para la economía local. Recordó que esta obra tuvo un historial de intentos frustrados y expresó su esperanza de que esta vez sí se concrete: “La reparación del sitio 3 y 4 genera mucho trabajo para toda la gente de Puerto Deseado”.
El dirigente sindical también se refirió a las expectativas tras los recientes anuncios de reactivación. Aunque consideró positivo el anuncio sobre la reparación del sitio 3 y 4 del puerto local, recordó que este tipo de obras demandan tiempo. “Primero hay anuncios, después vienen los proyectos, la ingeniería, la etapa de los pliegos, la licitación. Estamos hablando de entre 60 y 120 días antes de ver el inicio efectivo”, advirtió. Sobre esta obra portuaria específica, valoró su magnitud y su impacto: “Es una obra valuada en unos 20 millones de dólares. Ahí trabajan estibadores, guincheros, amarradores; es una obra fundamental para la economía local”.
Moreira relató que este proyecto ya había sido adjudicado años atrás a la empresa CPC con financiamiento del BID, pero nunca se concretó por cuestiones administrativas. Por eso, expresó su deseo de que esta vez el proceso llegue a buen puerto y genere el impacto esperado en la comunidad.
En el ámbito minero, indicó que en Cerro Moro hay actualmente entre 30 y 40 trabajadores de la construcción, y en Don Nicolás unos 10 a 15, lo que eleva a entre 50 y 60 la cantidad total de trabajadores del sector entre minería y obra pública en la zona. Esta cifra está lejos de los niveles previos a la paralización de inversiones que se inició en enero de 2024. “En Don Nicolás había cerca de 120 personas y se pararon todas las obras de un día para otro. Hoy no queda ningún compañero trabajando”, lamentó.
Respecto a las represas, Moreira puntualizó que la obra comenzó en 2013, y no en 2015 como se ha informado erróneamente. Explicó que el proyecto sufrió varias interrupciones: durante la presidencia de Mauricio Macri se detuvo por estudios de impacto ambiental y más adelante, durante la pandemia, permaneció paralizado por dos años más. “No fueron siete años de obra continua, sino menos, porque hubo períodos prolongados de inactividad”, aclaró.
El referente sindical destacó la buena relación que mantiene la UOCRA Zona Norte con el gobierno provincial, aunque remarcó que la falta de nuevos proyectos sigue siendo una gran preocupación. “Tenemos buen diálogo, pero no salen obras nuevas desde la provincia y la coparticipación está muy por debajo de lo que se recibía en otros años”, señaló.
Además, el dirigente subrayó la gravedad de la situación social: “Hay compañeros que no han podido pagar más el alquiler y están viviendo en los módulos habitacionales y en la cabaña del camping; otros en dos departamentos que tenemos en el gremio. Cuando uno no puede llevar adelante a su familia vienen los problemas, incluso separaciones por motivos económicos”.
Respecto a la posibilidad de migrar en busca de trabajo, Moreira dijo que la mayoría son residentes de larga data en Puerto Deseado y prefieren quedarse: “No tenemos la suerte de que compañeros hayan emigrado. Algunos pocos se fueron a Neuquén, pero es difícil conseguir trabajo allá también”.
Finalmente, comparó la situación de Santa Cruz con la de otras provincias como Chubut, donde el gobierno provincial reactivó parcialmente la obra pública. Moreira destacó la necesidad urgente de una respuesta concreta en Santa Cruz: “Estamos hablando de mucha desocupación y se nota en Santa Cruz”.
