Santiago Aberastain
El diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, destacó la importancia de mantener presencia territorial, escuchar los reclamos de las comunidades y seguir de cerca la aplicación de la Ley 90/10. También recordó las dificultades que arrastraba Santa Cruz para cumplir con el anterior esquema 70/30 y defendió la generación de empleo como una de las prioridades de la gestión provincial.
La generación de fuentes laborales atraviesa las preocupaciones de las distintas localidades de Santa Cruz y constituye, según planteó el diputado provincial Santiago Aberastain, uno de los principales desafíos que debe atender la representación política en el territorio. El legislador por Puerto Deseado sostuvo que existe un reclamo común en las comunidades y remarcó la necesidad de estar presente, recorrer cada localidad y escuchar directamente cuáles son sus demandas.
«Hay una temática transversal, un común denominador, que es la necesidad de fuentes laborales. Lo vemos en todas las localidades», expresó Aberastain.
Al referirse a una problemática que adquiere especial relevancia en las comunidades vinculadas con la actividad minera, donde las expectativas de empleo están estrechamente relacionadas con el desarrollo de los proyectos y su impacto económico local.
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En ese contexto, el diputado destacó el seguimiento que viene realizando sobre la aplicación de la Ley Provincial 3141, conocida por establecer el esquema 90/10 para la contratación de trabajadores en la actividad minera.
«Vamos siguiendo de cerca la aplicación de la ley 90/10 y venimos de años en Santa Cruz donde ni siquiera se trabajaba para cumplir el 70/30», señaló.
Al establecer una comparación entre el escenario anterior y las exigencias actuales de contratación de mano de obra local.
La referencia pone nuevamente sobre la mesa una de las discusiones centrales para la minería santacruceña: cómo conseguir que una mayor proporción del empleo generado por los proyectos quede efectivamente en la provincia.
El régimen 90/10 establece que el 90% de los puestos debe ser ocupado por trabajadores residentes en Santa Cruz, mientras que el porcentaje restante contempla las excepciones previstas por la normativa. Su implementación requiere controles, registros laborales y una articulación permanente entre las autoridades y las empresas operadoras y contratistas.
En abril, Aberastain había participado de las gestiones encabezadas por el Ministerio de Trabajo para avanzar en la aplicación del régimen ante representantes de las principales empresas mineras.
En aquella oportunidad sostuvo que el Estado y las compañías debían actuar como «socios estratégicos en la defensa del trabajo local» y remarcó que el objetivo debía ser incrementar la empleabilidad santacruceña sin afectar el desarrollo de la actividad.
La agenda también tuvo una expresión concreta en octubre, cuando el legislador avanzó junto al Ministerio de Trabajo en la organización de una mesa intersectorial para Puerto Deseado.
La propuesta contempla convocar a empresas mineras, sindicatos, cámaras empresariales y organismos públicos para abordar las dificultades laborales, productivas y regulatorias de la zona de influencia. La intención es trasladar la discusión al territorio y generar un ámbito donde los distintos actores puedan plantear sus necesidades y trabajar sobre alternativas de largo plazo.
La mirada de Aberastain excede, por lo tanto, el porcentaje de contratación. La generación de empleo requiere también conocer las necesidades de las empresas, identificar los perfiles profesionales demandados, fortalecer la capacitación y ampliar las posibilidades de participación de los trabajadores locales.
A esto se suma el desarrollo de proveedores santacruceños, una cuestión que forma parte de la discusión sobre cuánto de la actividad económica minera logra permanecer en las localidades donde se encuentran los proyectos.
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Durante la entrevista, el diputado también se refirió al escenario político provincial y cuestionó el papel de sectores de la oposición, a los que reclamó una actitud más constructiva. En contraposición, defendió la orientación de la gestión provincial y sostuvo que la prioridad debe estar puesta en generar trabajo y recuperar la situación económica de Santa Cruz.
«Lo que nosotros hacemos es trabajar para generar trabajo y tratar todos los días de levantar el quebranto que dejaron en Santa Cruz», afirmó.
Sus declaraciones vuelven a colocar en primer plano una cuestión que atraviesa buena parte de la discusión minera provincial. Santa Cruz cuenta con proyectos en producción, empresas operadoras, contratistas y una extensa cadena de servicios, pero el desafío para sus comunidades sigue siendo que esa actividad se traduzca en mayores oportunidades de empleo, desarrollo de proveedores y fortalecimiento de las economías locales.
La aplicación efectiva del 90/10 constituye una herramienta dentro de ese objetivo, aunque su cumplimiento debe acompañarse con formación, fiscalización y una mayor vinculación entre las necesidades productivas y las capacidades disponibles en la provincia. En esa dirección, la presencia territorial y la articulación entre los distintos sectores que plantea Aberastain apuntan a que el reclamo por fuentes laborales tenga un espacio concreto de tratamiento.
Para las comunidades mineras, la discusión no pasa solamente por la continuidad de los proyectos o por sus niveles de producción, sino también por la posibilidad de participar de sus oportunidades económicas. Que más santacruceños puedan acceder a los puestos de trabajo, que las empresas locales encuentren condiciones para crecer y que las localidades fortalezcan sus capacidades productivas son componentes fundamentales para que la minería tenga un impacto más amplio y duradero en Santa Cruz.
