El coordinador de las Delegaciones de Trabajo de Zona Norte, Sebastián Santillán, se reunió con el secretario general de AOMA Santa Cruz, Leonardo Martín Salmón. El encuentro puso nuevamente en agenda la contratación de trabajadores provinciales y los mecanismos para garantizar la aplicación de la normativa que establece prioridades para el empleo local.
La aplicación de la Ley 90/10 volvió a ocupar un lugar en la agenda de las relaciones entre el Gobierno de Santa Cruz y los representantes de los trabajadores mineros. El 10 de noviembre, Sebastián Santillán, coordinador de las Delegaciones de Trabajo de Zona Norte, mantuvo una reunión con Leonardo Martín Salmón, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, para abordar el cumplimiento de la normativa y la incorporación de mano de obra provincial.
La reunión fue informada por el Gobierno santacruceño, que señaló que el Ministerio de Trabajo continúa promoviendo espacios de diálogo con los distintos actores de la actividad minera, con el propósito de fortalecer el control y la defensa del empleo local. Sin embargo, no se difundieron detalles sobre acuerdos específicos, compromisos asumidos ni medidas operativas surgidas del encuentro.
El tema tiene especial relevancia en una provincia donde la actividad minera constituye una de las principales fuentes de empleo privado y donde la participación de trabajadores locales forma parte de una demanda sostenida de las comunidades, los sindicatos y distintos sectores institucionales.
El encuentro también se produce en una nueva etapa de la conducción sindical provincial. Leonardo Martín Salmón encabeza la comisión directiva de AOMA Santa Cruz para el período 2026-2030, que asumió sus funciones en junio pasado.
Qué establece la normativa y cómo debe controlarse
El marco legal vigente tiene como referencia la Ley Provincial 3141, modificada por la Ley 3960, sancionada en septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 13 de octubre de ese año.
La modificación establece que las empresas operadoras de áreas de exploración y explotación minera, hidrocarburífera y pesquera, así como las firmas que les prestan servicios indirectamente, deben dar preferencia a la contratación de un 90% de mano de obra local. Para acreditar esa condición, los trabajadores deben contar con una residencia efectiva mínima de seis años en Santa Cruz, domicilio registrado en el DNI y el correspondiente certificado de residencia.
La misma ley contempla un régimen particular para los proyectos alcanzados por el Título VII del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): en esos casos, la preferencia se distribuye entre un 60% de trabajadores con seis años de residencia en la provincia y un 30% con igual antigüedad en la localidad donde se desarrolla el proyecto.
En enero de 2026, el Ministerio de Trabajo reglamentó la aplicación de la Ley 3960 mediante la Resolución 681/2026. La disposición estableció procedimientos de fiscalización para las operadoras, contratistas y subcontratistas, además de mecanismos de registro y verificación de la residencia de los trabajadores.
Uno de los instrumentos previstos es el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), que permite reunir información sobre las nóminas de personal y verificar los porcentajes de contratación local. La reglamentación también contempla excepciones para puestos que requieren especializaciones cuya formación no se encuentra disponible en el mercado laboral provincial. En esos casos, las empresas deben justificar la necesidad de incorporar personal externo y presentar planes de capacitación y sustitución progresiva para formar trabajadores santacruceños.
De esta manera, el cumplimiento de la normativa no se limita a una declaración de las empresas: requiere información actualizada, documentación respaldatoria y capacidad de fiscalización por parte de la autoridad laboral.
Una agenda que involucra a empresas, sindicatos y Estado
La reunión de Santillán con Salmón se inscribe en una serie de acciones institucionales que durante 2026 tuvieron al empleo local como uno de sus principales ejes.
El 4 de noviembre, el Gobierno provincial mantuvo un encuentro con representantes de las principales compañías mineras que operan en Santa Cruz para abordar la contratación de trabajadores locales, el cumplimiento de la Ley 90/10 y los controles de seguridad e higiene laboral. La reunión, encabezada por autoridades de las áreas de Trabajo, permitió incorporar también la perspectiva de las empresas sobre una problemática que involucra a toda la cadena productiva. (Ver: El Gobierno reunió a las mineras y volvió a poner el foco en el empleo santacruceño).
Días antes, el gobernador Claudio Vidal y Sebastián Santillán habían revisado las tareas de fiscalización laboral en Zona Norte, en un encuentro que volvió a poner el cumplimiento del 90/10 entre las prioridades de la gestión provincial. (Ver: Vidal y Santillán buscan reforzar el cumplimiento del 90/10 en Santa Cruz).
La discusión, sin embargo, no es nueva. Desde la modificación de la legislación, la aplicación del régimen generó distintas posiciones dentro de la industria, particularmente respecto de los requisitos de residencia, la disponibilidad de personal calificado y las posibilidades concretas de cubrir determinados puestos con trabajadores de la provincia. Extremo Minero ya había abordado esos interrogantes en Ley 90/10 en Santa Cruz: los interrogantes detrás del cupo de empleo local en la minería.
La participación de AOMA en esta agenda incorpora la perspectiva de la representación sindical de los trabajadores mineros. Para el gremio, la aplicación de la normativa constituye una cuestión central en la defensa del empleo provincial, aunque su efectividad depende de que los mecanismos de control se traduzcan en resultados concretos.
El desafío es que la prioridad establecida por la legislación tenga una aplicación verificable en toda la cadena de contratación minera. Esto incluye no solamente a las operadoras, sino también a las empresas contratistas y subcontratistas que participan de las distintas etapas de los proyectos.
La formación profesional también ocupa un lugar determinante. La disponibilidad de trabajadores con residencia provincial debe acompañarse con capacitación técnica y oportunidades de acceso a los puestos que demanda una industria con requerimientos cada vez más específicos.
El encuentro entre Trabajo y AOMA vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para Santa Cruz: que la actividad minera no solo genere producción e inversiones, sino que también amplíe las oportunidades laborales para la población de la provincia. La Ley 90/10 ofrece un marco concreto para avanzar en ese objetivo; su alcance real depende de la aplicación de sus disposiciones y de la capacidad del Estado para controlar su cumplimiento.
