En el marco de un encuentro sectorial, el ministro de energía y minería de Santa Cruz, Jaime Alvarez, anunció la concreción de un acuerdo clave para la minería provincial. “Se ha generado recién un acuerdo por el cual casi 4 millones de dólares va a haber de inversión, público-privada, para extender la vida útil del Proyecto Bahía Laura, Cerro Moro, en la localidad próxima a Puerto Deseado”, afirmó el funcionario durante su intervención. El compromiso financiero busca garantizar continuidad productiva y sostener los niveles de empleo en una de las operaciones más relevantes de la región.
El Proyecto Bahía Laura constituye un área estratégica asociada a la operación Cerro Moro. La estatal Fomicruz es titular de la propiedad Bahía Laura y, a través de la sociedad con Yamana Gold en su momento —hoy Pan American Silver tras la adquisición—, mantiene participación accionaria y derechos sobre la producción. Esta estructura permitió a Santa Cruz asegurarse presencia directa en uno de los emprendimientos mineros de mayor envergadura del norte provincial.
Cerro Moro es una mina de oro y plata que combina explotación a cielo abierto con desarrollo subterráneo. Desde su inicio de operaciones en 2018, el yacimiento se consolidó como un motor económico para Puerto Deseado y las localidades cercanas, aportando exportaciones, empleo directo e indirecto, y una cadena de proveedores regionales. Según datos oficiales, la provincia concentra más del 80 % de las exportaciones mineras de la Argentina, y Cerro Moro ocupa un rol relevante dentro de ese esquema productivo.
El ministro remarcó que esta inversión se enmarca en una estrategia más amplia de diversificación y sostenibilidad. “No podemos tener una provincia que viva solamente del empleo público; necesitamos inversiones privadas, necesitamos diversificar la matriz laboral y productiva”, señaló en el mismo encuentro. De esta forma, el Gobierno busca consolidar un esquema que combine la presencia estatal, a través de Fomicruz, con la participación de operadores privados que aporten capital y tecnología.
Durante el mes de junio pasado, la Secretaría de Estado de Minería inspeccionó Cerro Moro y recorrió instalaciones del campamento, la planta de procesos, los frentes de trabajo y la brigada de rescate, verificando normas de seguridad y condiciones operativas. Estas tareas de fiscalización forman parte de la política provincial orientada a garantizar que la extensión de vida útil de los yacimientos se dé en condiciones seguras y responsables.
El acuerdo por casi 4 millones de dólares representa un paso significativo en ese sentido. La inversión se destinará a trabajos de exploración y desarrollo orientados a identificar nuevas zonas mineralizadas y optimizar la infraestructura existente. De esta manera, se busca prolongar la producción más allá de los plazos originalmente previstos, en línea con lo que ocurre en otros yacimientos de la provincia, donde las tareas exploratorias permitieron sostener el ciclo productivo durante más de una década.
El impacto esperado incluye la generación de empleo local, la contratación de proveedores regionales y la posibilidad de sostener la curva de exportaciones mineras que, en los primeros siete meses de 2024, alcanzaron un récord de 3.157 millones de dólares a nivel nacional, con Santa Cruz como principal contribuyente a esa cifra.
El ministro Alvarez subrayó además la importancia de trabajar en conjunto con las comunidades cercanas. “Las inversiones deben tener un efecto real sobre la población. Tenemos que asegurar empleo genuino y oportunidades de desarrollo para los proveedores locales”, puntualizó. Esta visión se complementa con los programas de Responsabilidad Social Empresaria que las operadoras desarrollan en la provincia, en temas como capacitación, infraestructura social y proyectos productivos comunitarios.
El Proyecto Bahía Laura, vinculado directamente con Cerro Moro, se posiciona así como una pieza fundamental en la estrategia provincial de minería con horizonte de largo plazo. La articulación entre inversión pública y privada busca no solo extender la vida útil de un yacimiento, sino también consolidar un modelo que combine recursos estatales, capital privado, trabajo local y compromiso comunitario.
