En Santa Cruz, la minería sigue consolidándose como un motor estratégico de desarrollo económico, generando empleo, atrayendo inversiones y dinamizando sectores vinculados como transporte, logística, turismo y servicios. No obstante, recientes avances legislativos y operativos han puesto de relieve una paradoja que enfrenta la provincia: por un lado, la necesidad de garantizar conectividad aérea y logística eficiente para facilitar la llegada de profesionales y especialistas de otras regiones, indispensables para la operación de proyectos de envergadura; por otro, la obligación de priorizar la contratación de mano de obra local, tal como establece la Ley 90/10, que determina que el 90% de los trabajadores en sectores estratégicos deben ser santacruceños. Esta situación evidencia un desafío complejo: cómo equilibrar la generación de oportunidades para los jóvenes locales con la viabilidad y el crecimiento sostenido de la actividad minera en las localidades del interior.
Mientras la Legislatura de Santa Cruz aprobaba por unanimidad la reforma a la Ley Provincial Nº 3141, que establece que las empresas de minería, hidrocarburos y pesca deberán contratar al menos un 90% de trabajadores con residencia efectiva en la provincia y un mínimo de seis años de antigüedad, se consolidaba una medida impulsada por el gobernador Claudio Vidal destinada a fortalecer la soberanía laboral y garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen directamente a los santacruceños.
En paralelo, los intendentes de Puerto San Julián, Puerto Deseado y Perito Moreno, junto a la ministra Ricci, avanzan en gestiones para reactivar sus aeropuertos. Previamente, la ministra había encabezado en Buenos Aires una mesa de trabajo con las autoridades de la aerolínea American Jet y funcionarios provinciales, donde se confirmaron inversiones en infraestructura y la llegada de equipos de seguridad para garantizar operaciones aéreas seguras y eficientes. Estas acciones buscan mejorar la conectividad aérea, especialmente en el interior provincial, facilitando el acceso a servicios esenciales, fomentando el turismo y fortaleciendo la logística de las actividades productivas. No obstante, la implementación de vuelos regulares dependerá de que los aeropuertos cumplan con los estándares operativos requeridos, lo que implica inversiones significativas en infraestructura y capacitación.
La paradoja de la «frazada corta»
Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley 90/10 ha generado un debate sobre cómo equilibrar la necesidad de atraer profesionales de otras regiones para proyectos mineros con la obligación de priorizar el empleo local. La metáfora de la «frazada corta» ilustra esta tensión: si se cubren las necesidades de conectividad y personal externo, se corre el riesgo de no cumplir con la cuota de empleo local; y viceversa, si se prioriza el empleo local, se puede comprometer la viabilidad de los proyectos que requieren personal especializado.
Este dilema resalta la importancia de una planificación estratégica que contemple tanto la capacitación de la fuerza laboral local como la atracción de profesionales externos, asegurando que ambos aspectos contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia.
La solución a todos los males
Si bien nuestra actividad constituye uno de los motores clave para la economía de Santa Cruz, no debería ser considerada la única alternativa, tampoco la solución a todos los desafíos de la provincia. No es responsabilidad exclusiva de la minería garantizar la conectividad, la generación de empleo, la salud, la educación o la infraestructura en la provincia. Estos ámbitos requieren políticas de Estado integrales, planificación estratégica y la participación activa de los distintos sectores públicos y privados, de manera que el desarrollo sea equilibrado, sostenible y verdaderamente beneficioso para toda la comunidad santacruceña, sin matar a «la gallina de los huevos de oro»
