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Agua en minería, es viable el modelo mendocino en Santa Cruz?

Agua en minería, es viable el modelo mendocino en Santa Cruz?

Fuente Imagen EM Huella Minera

En Mendoza, la reglamentación establece que las empresas mineras deben registrarse en el Registro Único Minero (RUM) y abonar un canon anual por el uso del agua, cuya cuantía varía según la etapa del proyecto (prospección, exploración, explotación o cierre) y el tipo de mineral extraído. Los cánones oscilan entre $285 mil para canteras de minerales de tercera categoría y $53 millones para yacimientos metalíferos en etapa de explotación. Además, se incorporan principios de progresividad y autofinanciamiento, priorizando actividades con mayor riesgo de afectación hídrica. Las empresas que no cumplan con la declaración obligatoria deben abonar tres veces el valor correspondiente, lo que incentiva el cumplimiento y asegura mayores controles sobre el uso del recurso.

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El sistema obliga a las empresas a registrarse, caso contrario deben afrontar multas proporcionales

La reciente creación del Registro Único Minero (RUM) en Mendoza, que establece este sistema de cánones, representa una iniciativa con potencial para ser replicada en otras provincias mineras, como Santa Cruz. Esta regulación no solo incrementa los ingresos provinciales, sino que también busca una gestión más sustentable del recurso hídrico y combate posibles irregularidades en su uso.

Oportunidad para Santa Cruz

En Santa Cruz, donde la actividad minera tiene un rol protagónico en la economía, implementar un sistema similar podría generar beneficios significativos. Por un lado, establecer un canon diferenciado según las etapas de desarrollo de los yacimientos permitiría un ingreso fiscal constante, diversificado y progresivo. Por otro, aseguraría una mayor transparencia en el uso del agua, un recurso vital en las operaciones mineras y clave en el equilibrio ambiental de la región.

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Santa Cruz ya cuenta con ejemplos de iniciativas mineras responsables, como los proyectos impulsados por Minera Santa Cruz en Perito Moreno, que han demostrado que las empresas pueden contribuir al desarrollo local y a la preservación ambiental. Sin embargo, incorporar una regulación específica para el agua añadiría un nivel adicional de control y equidad, eliminando posibles prácticas informales y reforzando la confianza en el sector.

¿El fin del negocio del agua?

Un sistema regulatorio como el de Mendoza también podría acabar con un negocio no oficial vinculado al agua en los yacimientos santacruceños, donde actores intermedios podrían estar lucrando con el recurso sin rendir cuentas claras al Estado. La obligatoriedad de registrarse en un sistema similar al RUM y el establecimiento de sanciones claras, como el cobro de hasta tres veces el canon anual para quienes no declaren su actividad, fortalecería el cumplimiento normativo. Los ingresos adicionales derivados de un canon progresivo podrían destinarse a proyectos de infraestructura hídrica, investigaciones tecnológicas para optimizar el uso del agua y otras acciones destinadas a minimizar el impacto ambiental de la minería. Sin embargo, su implementación requeriría una adecuada adaptación a la realidad provincial, incluyendo consultas con las comunidades locales y un análisis de la capacidad operativa de los organismos responsables.

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Un modelo adaptable y necesario

Tal como en Mendoza, donde los valores varían entre $285 mil y $53 millones según la etapa y categoría del yacimiento, Santa Cruz podría estructurar su propio esquema considerando el volumen y tipo de explotación en la provincia. Además, al abordar el impacto hídrico de manera más integral, se reforzaría la percepción de una minería sostenible y responsable, un factor crucial para mantener el apoyo social hacia esta actividad. Al respecto es importante considerar que en Santa Cruz, tanto el área de Minería como la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos se nuclean bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería, lo cual representa una estructura administrativa integrada que podría facilitar la implementación de una normativa similar a la de Mendoza. Esta articulación interna permitiría una coordinación más eficiente entre ambas áreas para promover un marco normativo que impulse el aprovechamiento sustentable de los recursos, la modernización de la infraestructura hidráulica y el desarrollo de proyectos que potencien el uso responsable del agua en actividades productivas clave para la provincia.

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Periódico digital
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