Es un hecho. El cambio drástico en el régimen laboral para las petroleras y mineras de la región, impulsado por el Ministerio de Trabajo santacruceño, donde se modifica el esquema de trabajo de 14×14 días a 7×7 días, entrará en vigencia el próximo 10 de octubre.
Ante diversos cuestionamientos del sector, el Ministro Gutiérrez, ha defendido la medida con firmeza, argumentando que busca reducir la alta tasa de desempleo en Santa Cruz, que ronda el 40%. Según el Ministro, el objetivo es hacer que el sector minero sea menos atractivo para trabajadores de otras provincias y, de este modo, permitir que más santacruceños accedan a empleos locales. La resolución pretende aplicar el nuevo régimen de 7×7 en todas las áreas operativas del sector privado con condiciones laborales intensivas, con la esperanza de disminuir la rotación de personal y aumentar la estabilidad laboral para los trabajadores locales.
No obstante, la medida ha sido duramente criticada por su falta de consulta con sindicatos y empresas. Estas partes interesadas argumentan que deberían haber sido incluidas en el proceso de discusión y acuerdo. La imposición del nuevo régimen podría forzar a las empresas a rediseñar sus estrategias operativas y enfrentar un aumento significativo en los costos de producción y logística, debido a la mayor rotación de personal y los gastos asociados al transporte.
Mientras en otras regiones del país la minería avanza hacia un prometedor despegue, con proyectos en litio y cobre liderando el camino, en Santa Cruz se observa un deterioro de los avances conseguidos en los últimos años. La provincia, que ha liderado en generación de empleo, tanto masculino como femenino, y en exportaciones, parece no recibir el apoyo necesario para mantener y potenciar estos logros. El gobierno provincial se mantiene inflexible y la comunidad minera de Santa Cruz se enfrenta a una creciente incertidumbre, con políticas públicas que parecen ir en contramano que en lugar de promover el desarrollo de la actividad, parecieran poner en riesgo los logros alcanzados en los últimos años.
La solución a la empleabilidad santacruceña no debería centrarse en medidas discriminatorias hacia los trabajadores, por el contrario, sería muy positivo para el amplio espectro que representa la actividad que el gobierno se centrara en fomentar la exploración y garantizar el desarrollo sostenible de la minería para los próximos años. Tengamos en cuenta que se estima que alrededor del 60% del macizo del Deseado, una de las áreas mineras más prometedoras del país en términos de explotación de oro y plata, aún no ha sido explorado.
La falta de políticas claras y positivas que apoyen al sector minero, en lugar de imponer medidas que podrían desestabilizarlo, es preocupante. La comunidad y los sectores involucrados esperan que prevalezca el camino del consenso y la construcción sobre la determinación unilateral. Santa Cruz necesita políticas de fomento minero, donde se priorice el desarrollo sostenible y la estabilidad del sector, para asegurar un futuro prometedor para la actividad en su conjunto.
