Una protesta que escala y se sostiene en el tiempo
El martes 5 de mayo, cerca de 80 integrantes del Movimiento de Desocupados Autoconvocados de Las Heras instalaron un acampe en el ingreso a un yacimiento de la zona. La manifestación, encabezada por la vocera Melisa Ruedas, reúne a hombres, mujeres y jóvenes que reclaman acceso a puestos laborales en la industria minera.
El eje central del reclamo gira en torno al cumplimiento de la controversial Ley 90/10, que establece la prioridad de contratación de mano de obra local. Según expresaron los manifestantes, las operadoras y contratistas continúan incorporando personal de otras provincias, lo que profundiza la conflictividad social en la zona.
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El acampe actual se enmarca en un proceso de protesta que, según los propios involucrados, lleva casi ocho meses sin respuestas concretas. En ese contexto, denuncian un deterioro sostenido de las condiciones de vida, con situaciones extremas como familias recurriendo a basurales para alimentarse.
Además, señalaron incumplimientos de compromisos asumidos en actas firmadas en el Ministerio de Trabajo, con participación de funcionarios provinciales. De acuerdo con los manifestantes, esas instancias de diálogo no se tradujeron en soluciones efectivas.
En paralelo, los desocupados indicaron que la asistencia estatal se limita a bolsones de mercadería entregados por Desarrollo Social, los cuales consideran insuficientes para cubrir necesidades básicas, especialmente en hogares numerosos.
También mencionaron un intento fallido de diálogo con autoridades nacionales durante una visita a Las Heras. Según relataron, no pudieron acercarse, aunque lograron entregar una carta con sus demandas.
La vocera del movimiento sintetizó el clima de descontento con una frase que refleja el núcleo del conflicto: “Ya no queremos más mentiras, queremos que se cumplan las promesas”.
Antecedentes recientes que agravan el escenario
El conflicto actual no es un hecho aislado. El pasado 17 de abril, un grupo de desocupados fue desalojado por la Guardia de Infantería mientras realizaba un corte en la ruta de ingreso a Las Heras, en cumplimiento de una orden judicial. Los manifestantes denunciaron que el procedimiento se llevó a cabo con uso de la fuerza.
Días antes, el 8 de abril, otro grupo había bloqueado el acceso a la localidad en una protesta dirigida contra la actividad minera en la región, reiterando el mismo reclamo por empleo.
Estos antecedentes muestran una escalada progresiva del conflicto, con mayor visibilidad y tensión entre los distintos actores involucrados.
El impacto de las falsas expectativas en los sectores más vulnerables
En este tipo de escenarios, la generación de expectativas de empleo que luego no se concretan actúa como un factor crítico de agravamiento social. En contextos de alta vulnerabilidad, donde amplios sectores dependen de oportunidades laborales ligadas a la actividad minera, la circulación de promesas —formales o informales— sin correlato efectivo puede derivar en frustración acumulada, pérdida de confianza institucional y mayor conflictividad.
La falta de información clara sobre los procesos de contratación, sumada a necesidades urgentes de ingreso, expone a muchas familias a decisiones desesperadas, profundizando situaciones de precariedad y tensión social en comunidades directamente vinculadas a los proyectos.
El 90/10 fue anunciado en Santa Cruz como una política de empleo local en el sector minero que establecía que el 90% de la mano de obra debía ser de la provincia, dejando solo un 10% para personal de fuera. La norma quedó plasmada en la Ley Provincial N° 3141, aunque su implementación enfrentó desde el inicio resistencias dentro del sector y dificultades de control por parte del Estado.
Con el tiempo, desocupados de distintas localidades —especialmente de Las Heras— comenzaron a denunciar incumplimientos sistemáticos, señalando la priorización de contratistas y trabajadores de otras provincias o incluso del exterior. Esta brecha entre la norma y su aplicación derivó en un ciclo sostenido de protestas: acampes en accesos a yacimientos, cortes de rutas como la Provincial 43 y reclamos ante autoridades laborales.
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Los movimientos autoconvocados sostienen que llevan meses exigiendo el cumplimiento efectivo de la ley y advierten que las instancias de mediación no han logrado revertir la situación. La tensión se intensificó a fines de abril y comienzos de mayo de 2026, con desalojos y una creciente radicalización de las medidas de fuerza.
La situación en Las Heras vuelve a poner en foco uno de los desafíos estructurales de la minería en Santa Cruz: la articulación entre desarrollo productivo, empleo local y sostenibilidad social. Mientras la actividad continúa siendo uno de los principales motores económicos de la provincia, los conflictos por acceso al trabajo siguen emergiendo con fuerza en territorios directamente vinculados a los proyectos.
