El Gobierno nacional reglamentó hoy el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a proyectos que demanden una inversión mínima de US$ 200 millones. Este régimen impacta en ocho sectores clave de la economía, entre los que se encuentran la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. El Decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial, detalla que las inversiones en transporte y almacenamiento dentro del sector energético deben superar los US$ 300 millones, mientras que las orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a US$ 600 millones.
En Santa Cruz, la reciente reglamentación del RIGI ha generado diversas posturas entre los actores políticos y sociales. Durante la última semana, en la comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores provinciales dieron despacho favorable al proyecto de Ley N° 289/24, presentado por el diputado Piero Boffi, que propone la adhesión de la provincia al RIGI.
El diputado Pedro Muñoz expresó su oposición al proyecto, argumentando que el régimen nacional impone condiciones que podrían afectar la jurisdicción y soberanía de Santa Cruz. En declaraciones en los medios, Muñoz manifestó: “La preocupación fundamental es esta posibilidad en la cual el Gobierno Nacional impone condiciones que pueden colisionar con la jurisdicción de nuestra provincia y nuestra soberanía, porque somos dueños de nuestros recursos”. Además, Muñoz cuestionó la falta de debate sobre los impactos que podrían tener las inversiones, especialmente en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y los recursos hídricos.
Por otro lado, el diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, se mostró a favor de la adhesión al RIGI, destacando la importancia de generar condiciones para atraer inversiones a la provincia. Aberastain se mostró a favor de la implementación del régimen en Santa Cruz: “Mi planteo en comisión es que hay una realidad en el mundo: sobran pobreza y capital, y los poseedores del capital buscan donde es más tentador invertir. Nosotros tenemos que generar las condiciones para captar y regular a estos inversores”.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. El secretario general de Camioneros Santa Cruz, Sergio Sarmiento, expresó su escepticismo sobre la efectividad del RIGI en atraer inversiones a la provincia. Según Sarmiento, el régimen beneficiará únicamente a grandes corporaciones, sin generar beneficios reales para la población local. En sus declaraciones, afirmó: “No creo que vengan inversiones ni a Santa Cruz ni a Chubut. Sí le va a beneficiar a grandes corporaciones que, poniendo tanta cantidad de dinero, no le cobrarán nada y saquearán las riquezas de Argentina, y no va a generar trabajo ni nada”.
A las preocupaciones sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se sumó la diputada Agostina Mora, del bloque Unión por la Patria, quien expresó serias reservas sobre la adhesión automática de Santa Cruz al régimen. Mora advirtió que la provincia podría comprometer sus recursos sin claridad sobre los beneficios reales. Según la diputada, el régimen concede a las empresas más de lo que ellas mismas solicitan, sin justificar un beneficio tangible para la provincia. Mora también subrayó la eliminación de regulaciones ambientales y la promoción del empleo local como preocupaciones centrales. «Las leyes que puedan ser vistas como obstáculos para el RIGI se declararán nulas, lo que implica una pérdida de la capacidad provincial para decidir sobre el uso de sus recursos naturales», explicó. Además, cuestionó la falta de una autoridad de aplicación clara y la priorización de las empresas extractivas sobre las necesidades de las comunidades locales, concluyendo que es crucial que la comunidad decida si está dispuesta a entregar los recursos naturales por 30 años a empresas extranjeras sin garantías claras de beneficio.
En paralelo, el Diputado Carlos Santi ha manifestado un firme rechazo al RIGI, calificándolo como un «saqueo de los recursos naturales de las provincias». Santi describió el régimen como un «atropello al federalismo» y cuestionó su constitucionalidad, argumentando que contraviene el principio de que las provincias son las propietarias de sus recursos naturales. Según Santi, la política del RIGI, que propone una exención de impuestos por 30 años para atraer inversiones, permitiría a las grandes empresas extraer recursos sin dejar una contribución significativa a las economías provinciales, dejando a estas con empleo temporal y poco más. Comparó la situación con experiencias en algunos países africanos como Angola y Mozambique, donde la falta de regulación y de impuestos ha tenido consecuencias negativas a largo plazo. Aunque la adhesión de Santa Cruz al régimen parece inevitable, Santi considera que el RIGI es perjudicial para los intereses provinciales.
La adhesión de Santa Cruz al RIGI sigue siendo un tema de debate en la provincia, con posturas divergentes entre quienes ven en el régimen una oportunidad para atraer inversiones y quienes temen que las condiciones impuestas por el Gobierno Nacional puedan afectar negativamente a la región.
