La gobernación de Santa Cruz, bajo el liderazgo del Gobernador Claudio Vidal, está llevando a cabo una profunda investigación sobre el sistema de contratación de proveedores locales en el sector minero de la provincia. Se sospecha que detrás de la defensa del «compre local» opera un esquema que favorece a empresas vinculadas a la administración anterior. En respuesta, la provincia ha comenzado a intimar a las principales empresas mineras para que detallen su lista de proveedores locales, advirtiendo sobre posibles acciones legales en caso de no cumplir.
Claudio Vidal, quien puso fin al dominio del kirchnerismo en la provincia, busca transparentar el sistema de contratación de proveedores mineros para eliminar cualquier discrecionalidad que pueda beneficiar a empresas respaldadas por el poder político. La intención subyacente es redefinir el sistema de compras en el sector minero, que representa la segunda fuente de inversiones privadas en la provincia después del sector de hidrocarburos.
Uno de los focos de atención es Leonardo Álvarez, ex jefe de Gabinete de Ministros de Alicia Kirchner. Se sospecha que su conexión con empresas locales que prestan servicios a las grandes mineras podría tener vínculos con el financiamiento político. El objetivo de la gobernación es establecer un sistema de contratación más transparente y eliminar cualquier influencia indebida en la selección de proveedores.
La Dirección Provincial de Comercio de Santa Cruz revisó las declaraciones juradas presentadas por las empresas mineras, encontrando que solo Cerro Vanguardia y Patagonia Gold cumplieron con la normativa provincial. Otras empresas, como Minera Santa Cruz, Yamana, y Triton, presentaron información procesada por la empresa, lo que no cumplió con los requisitos de la ley. Minera Don Nicolás ni siquiera presentó su declaración, llevando a la gobernación a considerar acciones legales.
La gobernación busca transparentar el proceso de contratación de proveedores mineros para garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier posible favoritismo. La información clave recopilada incluye montos y porcentajes de compras realizadas por las empresas en Santa Cruz y en otras regiones, así como un ranking de los principales proveedores. Además, se contrasta la nómina de proveedores informada con el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) para verificar su inscripción y categorización.
En resumen, Santa Cruz está tomando medidas significativas para asegurar la transparencia en las transacciones comerciales del sector minero, buscando un sistema de compras más equitativo y eliminando cualquier influencia política indebida. La gobernación está dispuesta a recurrir a acciones legales para garantizar el cumplimiento de estas normativas y promover una competencia justa en el mercado minero provincial.
Con información del portal Econojournal
