Mientras la inspección multisectorial que lleva adelante el Gobierno provincial permanece en marcha, información recogida por Extremo Minero dentro del propio yacimiento permitió conocer algunos aspectos de la jornada que llaman particularmente la atención en materia de representación empresarial y relaciones laborales.
Te puede interesar: Cerro Negro: la Provincia desplegó un operativo integral y anticipó hasta 96 horas de controles
De acuerdo con esa información, la presencia de los máximos responsables gerenciales de Newmont Cerro Negro durante la visita habría sido limitada, una circunstancia que adquiere relevancia por tratarse de una inspección oficial y por la importancia de que exista un diálogo directo entre las autoridades provinciales y quienes tienen responsabilidades de conducción dentro de la operación.
En ese contexto cobra especial importancia la ausencia, durante el proceso de fiscalización y control estatal, de la Directora de Relaciones Laborales, la Gerente de Recursos Humanos y del Gerente General de la compañía.
“Shirli Perozzi, principalmente siendo la referente de Relaciones Laborales como Directora en la empresa, y Tito Cacho, como Gerente General de Newmont Cerro Negro, no participaron ni estuvieron durante la recorrida crucial”, mencionó nuestra fuente dentro del yacimiento.
El dato no es menor. Uno de los puntos fuertes que se fiscaliza desde el Gobierno provincial es el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 3141.
“Imagínate que, si quien tiene que brindar información o datos concretos sobre la realidad de los trabajadores de Newmont Cerro Negro no está en un momento como éste, ¿qué se puede esperar?”, sentenció nuestra fuente al respecto.
En una industria que genera empleo directo e indirecto y moviliza una extensa cadena de proveedores y contratistas, el cumplimiento de las reglas establecidas por Santa Cruz forma parte central de la discusión sobre el impacto que la actividad minera deja en el territorio.
Una inspección que todavía puede aportar respuestas
La recorrida gubernamental todavía no concluyó y permanece en marcha. Por eso, cualquier evaluación definitiva sobre sus resultados deberá esperar al cierre de las actuaciones y, eventualmente, a las conclusiones que puedan surgir de la inspección.
Lo que sí aparece como un dato relevante es que la presencia del Estado Provincial en los proyectos mineros permite observar no solamente cuestiones productivas o ambientales, sino también la manera en que se articula la actividad con las obligaciones laborales y con las políticas destinadas a garantizar una mayor participación santacruceña.
En ese sentido, la Ley 3141 vuelve a ocupar un lugar central. No se trata solamente de una discusión sobre cantidad de trabajadores locales, sino sobre el cumplimiento de un marco normativo provincial que establece determinadas condiciones para la incorporación de mano de obra y que forma parte de la política de desarrollo vinculada con la minería.
El objetivo establecido en Santa Cruz apunta a un esquema de 90% de contratación de trabajadores santacruceños, con domicilio real y demostrable en la provincia, un aspecto que adquiere particular relevancia cuando se analiza la generación de empleo en los grandes proyectos mineros.
En medio de la inspección, se suma un nuevo elemento al escenario
Mientras las autoridades provinciales continúan con las actuaciones dentro del yacimiento, durante la jornada se sumó un nuevo elemento al escenario que rodea a Cerro Negro.
Según información recibida por Extremo Minero desde el propio ámbito de la operación, se habría producido el cierre de los accesos al yacimiento, mientras que también estarían llegando al lugar fuerzas de seguridad gubernamentales.
La situación permanece en desarrollo al cierre de esta nota y deberá ser corroborada oficialmente a medida que avancen los acontecimientos. Su relevancia está dada, precisamente, porque se produce con la inspección provincial todavía en curso.
Por ese motivo, cualquier interpretación definitiva deberá esperar el desarrollo de las actuaciones y las eventuales explicaciones oficiales que permitan establecer con precisión qué ocurrió, cuáles fueron las razones del cierre de los accesos, por qué se dispuso o estaría produciéndose la presencia de las fuerzas de seguridad y qué relación podría existir entre estos hechos y el proceso de fiscalización estatal.
La situación incorpora así un nuevo componente a una jornada en la que ya habían surgido interrogantes vinculados con la representación empresarial, las relaciones laborales y el cumplimiento de la normativa provincial, particularmente de la Ley 3141.
Te puede interesar también: “No queremos cortar rutas, queremos trabajar”: fuerte reclamo de desocupados en el acceso a Cerro Negro
Desde Extremo Minero seguiremos de cerca, como hasta ahora, la evolución de la inspección y de los hechos que se produzcan dentro y en los accesos al yacimiento. La presencia de funcionarios provinciales en los proyectos mineros es necesaria y constituye una herramienta importante para conocer la realidad de la actividad.
Del mismo modo, resulta fundamental que estas instancias permitan obtener respuestas concretas sobre todos los aspectos que forman parte de la operación: producción, ambiente, seguridad, empleo y cumplimiento de la normativa provincial.
