La minería santacruceña atraviesa un momento de contrastes. Mientras la producción de oro y plata sostiene niveles relevantes y el Macizo del Deseado continúa siendo uno de los polos metalíferos más activos del país, crece el malestar en el entramado de pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de suministro.
En las últimas semanas se intensificaron las críticas por demoras de hasta tres y cuatro meses en los pagos a proveedores locales por parte de algunas operadoras. El fenómeno no aparece como un caso aislado, sino como una práctica que —según distintos actores del sector— se repite con matices en varios proyectos en actividad. El efecto es inmediato: las Pymes deben afrontar salarios, cargas sociales, combustible, mantenimiento y obligaciones impositivas sin contar con el flujo de fondos correspondiente, lo que las obliga a financiarse a tasas elevadas o incluso desprenderse de activos para sostener su operatoria.
El problema no reside únicamente en la demora en sí, sino en la estructura de poder dentro de la relación contractual. La operadora concentra la decisión de adjudicar trabajo y validar certificaciones, mientras el proveedor asume el riesgo operativo. En ese contexto, la dilación en los pagos se transforma en una herramienta financiera de hecho, trasladando costos al eslabón más débil de la cadena.
El análisis adquiere mayor relevancia si se lo contrasta con el esquema regulatorio vigente en Santa Cruz. La provincia reforzó los controles sobre el cumplimiento del cupo laboral 90-10 —que prioriza empleo santacruceño— mediante modificaciones a la Ley 3141 y sistemas de verificación en ruta y registros oficiales. Sin embargo, no existe un marco equivalente que supervise con la misma rigurosidad la participación de proveedores locales ni las condiciones comerciales en que se desarrollan esos vínculos.
La consecuencia es una asimetría evidente: el Estado controla quién trabaja en los yacimientos, pero no monitorea con igual intensidad qué se contrata, a quién se contrata y bajo qué plazos de pago. Esto deja a la cadena de valor sujeta casi exclusivamente a la lógica contractual privada, aun cuando el discurso público promueve el fortalecimiento del compre local como política de desarrollo.
En localidades como Perito Moreno, Puerto San Julián o Puerto Deseado, el impacto de esta dinámica no es menor. Cada Pyme minera sostiene empleo indirecto, consumo local y actividad comercial asociada. Cuando un proveedor reduce operaciones, el efecto multiplicador se resiente en alquileres, transporte, talleres, comercios e incluso servicios profesionales.
«A otro perro con ese hueso»
A ello se suma una discusión histórica que reaparece con fuerza: la capacidad técnica del empresariado local. Durante años se instaló la idea de que Santa Cruz no contaba con empresas preparadas para abastecer la minería de gran escala. Hoy, con más de dos décadas de experiencia acumulada, ese argumento pierde peso frente a un entramado que ha invertido en equipamiento, capacitación y certificaciones. Sin embargo, persiste una resistencia estructural en ciertos segmentos de la industria a modificar esquemas consolidados de contratación externa.
El escenario provincial muestra cinco proyectos metalíferos en operación y alrededor de 25 en etapa de exploración. Santa Cruz continúa liderando las exportaciones nacionales de oro y plata, con cifras que superan ampliamente los mil millones de dólares anuales. El interrogante estratégico es cómo se distribuye ese flujo económico dentro del territorio.
El desafío para la política pública no es menor. Si el objetivo es consolidar al Macizo del Deseado como polo de desarrollo sostenible, el debate sobre la cadena de valor no puede limitarse al empleo directo. La discusión sobre plazos de pago, transparencia en la contratación y participación efectiva de proveedores locales será determinante para definir si el crecimiento minero se traduce en fortalecimiento productivo o en un esquema de extracción con bajo derrame estructural.
En un contexto de transición de proyectos y nuevas inversiones anunciadas, la estabilidad del entramado Pyme se convierte en un factor crítico para la continuidad operativa y la licencia social. La minería santacruceña enfrenta así un punto de inflexión: consolidar un modelo con mayor integración territorial o profundizar tensiones que, de no atenderse, podrían erosionar la confianza en el sector.
