La diputada nacional Roxana Reyes anunció que trabaja en un proyecto para modificar la carga fiscal sobre la producción de plata y sus derivados. La propuesta plantea la eliminación de las retenciones a la exportación de este mineral y el compromiso de reinvertir los fondos liberados en campañas de exploración. Según la legisladora, el objetivo es prolongar la vida útil de los yacimientos maduros, proteger los puestos de trabajo y asegurar regalías futuras para las provincias productoras.
Reyes explicó que “cada peso que se retiene podría transformarse en inversión para sostener la producción, proteger empleos y asegurar regalías futuras para la comunidad”.
La diputada recordó que casi todos los minerales en Argentina ya no pagan derechos de exportación desde 2023, cuando el Gobierno nacional redujo las alícuotas para casi todo el sector, pero mantuvo la plata como excepción.
“Esa diferencia no tiene justificación técnica ni económica y genera un desincentivo para la inversión en exploración, especialmente en minas maduras que necesitan reinvertir para sostener producción y empleo”, afirmó Reyes.
Reunión con Minera Santa Cruz
En el marco de la preparación del proyecto, la legisladora se reunió con Néstor Rigamonti, gerente general de Minera Santa Cruz, operadora del yacimiento San José. Se trata de una de las minas más relevantes de plata y oro en la provincia, actualmente en una fase de madurez productiva.
Durante el encuentro se analizó cómo la quita de retenciones podría impactar en la operación. Según lo planteado, los fondos que hoy se destinan a derechos de exportación podrían reinvertirse en nuevas campañas exploratorias. Esto permitiría sostener la infraestructura existente, ampliar reservas y garantizar más años de producción.
“San José tiene todavía potencial, pero necesita exploración. Si se reinvierte lo que hoy se retiene, se pueden garantizar más años de producción y estabilidad laboral”, señaló Reyes tras la reunión. Minera Santa Cruz, por su parte, expresó disposición a orientar los recursos liberados hacia proyectos de exploración.
Diversificación y responsabilidad social
Otro eje de la propuesta legislativa tiene que ver con el rol de la minería en la diversificación de las economías regionales. Reyes destacó la importancia de que los aportes empresariales a programas de responsabilidad social —como el programa UNIRSE— se articulen con universidades, municipios e instituciones técnicas.
La idea es que estos recursos sirvan para capacitar mano de obra local y fomentar emprendimientos que puedan sostener a las comunidades cuando los yacimientos lleguen al final de su vida útil.
“Queremos que la minería sea un motor para el desarrollo integral: que, cuando una mina cierre, quede infraestructura, empleo y oportunidades para la región”, sostuvo la legisladora.
Impacto en Santa Cruz
Santa Cruz es actualmente una de las principales provincias productoras de plata en Argentina, con proyectos activos que aportan empleo, regalías y desarrollo económico. Para la diputada, mantener el gravamen sobre este mineral genera un impacto negativo directo en la economía provincial.
La eliminación de retenciones, sumada a la reinversión en exploración, podría generar incentivos para sostener minas en etapa madura y evitar cierres prematuros. Además, permitiría ampliar reservas y garantizar continuidad productiva. Reyes advirtió que, sin un esquema de incentivos, yacimientos como San José corren el riesgo de acelerar su declive, con consecuencias sobre el empleo y los ingresos provinciales.
“Reducir la carga fiscal para fomentar exploración es proteger puestos de trabajo, garantizar regalías futuras para la provincia y dar previsibilidad a las comunidades”, remarcó Reyes
El proyecto aún se encuentra en preparación y deberá ser presentado en el Congreso para iniciar su trámite legislativo, lo que implicará discusión en comisiones y acuerdos políticos para avanzar. Entre los principales desafíos se incluyen garantizar que los fondos liberados por la eliminación de retenciones se reinviertan efectivamente en exploración, estableciendo mecanismos claros de control y transparencia; evaluar el impacto fiscal que la quita podría generar para el Estado nacional y cómo se compensaría con los beneficios esperados en regalías e inversión productiva; y asegurar que las campañas exploratorias se desarrollen con un adecuado seguimiento ambiental, de modo que la actividad minera continúe siendo sostenible y compatible con la preservación del entorno y la seguridad de las comunidades locales.
