Este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Cruz será escenario de un debate crucial sobre la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una medida aprobada a nivel nacional y que ha generado un intenso rechazo de sindicatos y organizaciones sociales en la región. La propuesta busca atraer grandes inversiones privadas, pero sus detractores alertan sobre los posibles efectos negativos en la economía local y el bienestar de los trabajadores.
Desde las primeras horas, una multitud de manifestantes, incluidos representantes de ATE, ADOSAC, Camioneros, y otros gremios, se concentró frente al recinto legislativo en protesta contra el proyecto. La principal crítica de estos sectores radica en que el RIGI favorece a grandes corporaciones sin exigirles un compromiso real con la economía y los recursos locales. «Las empresas no tributan en Santa Cruz ni cumplen con nuestras normativas, queremos inversiones, pero que beneficien a los trabajadores y dejen recursos en la provincia», afirmó Eloy Echazú, diputado presidente del bloque Unión por la Patria.
Adriana Galbucera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, también cuestionó la medida, advirtiendo que podría intensificar la precarización laboral y aumentar la pobreza. «Si se aprueba, las multinacionales se llevan los recursos y nos dejan desocupación», señaló.
Opiniones encontradas
El debate político dentro del recinto es igualmente tenso. Mientras que algunos legisladores del oficialismo defienden la adhesión al RIGI como una oportunidad para generar inversión y empleo en la provincia, varios opositores y disidentes dentro del mismo bloque advierten sobre los riesgos para la autonomía provincial y el control sobre los recursos naturales. Pedro Muñoz, diputado de Cambia Santa Cruz, expresó su preocupación por la falta de control y las posibles implicancias ambientales del proyecto, que podría permitir a las empresas operar en Santa Cruz sin restricciones significativas durante 30 años.
Una de las principales controversias radica en las disposiciones laborales del RIGI, que establecen que solo un 20% de la mano de obra y proveedores deben ser locales, lo que contrasta con la normativa provincial que exige una contratación del 70% de personal con residencia en Santa Cruz. Esta diferencia en los requisitos ha generado tensiones adicionales y profundizado la oposición al proyecto.
El clima en la legislatura también está marcado por la incertidumbre respecto a los votos. El oficialismo no cuenta con el respaldo completo de su bancada, y varios legisladores, como Claudia Barrientos y Pedro Muñoz, se han pronunciado en contra de la adhesión al régimen. La ausencia del ministro Pedro Luxen, quien no asumió su banca, añade más complejidad a la situación, ya que se esperaba que su presencia incluyera su voto a favor. En caso de empate, el voto decisivo lo tendría el legislador Fabián Leguizamón.
A pesar de las tensiones y la polarización, se espera que los sindicatos mantengan su protesta en términos pacíficos, aunque no se descartan situaciones de presión, como cánticos y ruidos, frente al recinto. Mientras tanto, el Frente de Gremios Estatales planea entregar un petitorio al gobierno, que incluye demandas adicionales relacionadas con sueldos, planes de vivienda y la mejora de las condiciones laborales.
Expectativas
La votación final será clave para definir el futuro del RIGI en la provincia, y el resultado podría marcar un hito en la relación entre el gobierno provincial y los sectores sindicales, así como en la forma en que Santa Cruz maneja las inversiones y los recursos naturales en los próximos años.
El desenlace de este debate será crucial para el futuro de la provincia, que se encuentra en un momento clave para consolidar su posición en sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos. Si bien el RIGI promete atraer inversiones importantes, su implementación deberá equilibrar las demandas de desarrollo económico con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades locales.
Con el voto legislativo próximo a definirse, la provincia espera una resolución que permita, en palabras de uno de los legisladores, “un desarrollo sostenible que sea justo para todos los sectores involucrados”. Las expectativas están puestas en un modelo que logre conciliar las tensiones entre crecimiento y sostenibilidad, un desafío que marcará el rumbo de Santa Cruz en los próximos años.
