El renovado interés por los recursos uraníferos de Chubut está generando un escenario que combina oportunidades de inversión, avances exploratorios, iniciativas estatales y nuevas discusiones sobre el marco legal que regula la actividad minera en la provincia. La llegada de nuevas compañías internacionales, la adquisición de propiedades y los estudios de la CNEA sobre Cerro Solo reabren una pregunta que excede al propio uranio: ¿puede este recurso convertirse en la puerta de entrada para desarrollar una nueva industria minera en Chubut?
La pregunta no es menor. Durante más de dos décadas, la provincia mantuvo fuertes restricciones a la minería metalífera a cielo abierto y al uso de cianuro, en un contexto social y político que condicionó cualquier intento de ampliar la actividad. Sin embargo, el uranio parece estar abriendo un capítulo particular, donde las características de los depósitos, las tecnologías de recuperación y las distintas interpretaciones del marco normativo comienzan a configurar una nueva zona de discusión.
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Los movimientos empresariales de los últimos meses muestran que el interés dejó de ser una posibilidad abstracta. La canadiense Jaguar Uranium avanzó con su proyecto Laguna Salada y publicó en octubre su primera estimación independiente de recursos minerales, que comprende 4,2 millones de libras de óxido de uranio en recursos indicados y 10,1 millones en recursos inferidos, además de recursos de vanadio. Se trata de un avance técnico relevante, aunque todavía no constituye una reserva minera ni acredita la viabilidad económica de una explotación comercial.
En paralelo, otra canadiense, Myriad Uranium, concretó el 2 de noviembre la adquisición del proyecto Los Altares, incorporando 55.013 hectáreas distribuidas en 23 propiedades mineras dentro del distrito de Cerro Solo. La compañía pretende revisar los antecedentes de exploración y estudiar la posibilidad de aplicar recuperación de uranio mediante lixiviación in situ, una tecnología que permite recuperar el mineral desde determinadas formaciones geológicas sin recurrir a una excavación convencional a cielo abierto. Sin embargo, la propia empresa reconoce que todavía necesita estudios hidrogeológicos, pruebas de permeabilidad y análisis metalúrgicos para determinar si el método resulta técnicamente viable.
A estos movimientos se suman Powerhaus y sus proyectos exploratorios en Chubut, los permisos registrados en la zona de Gastre y la presencia de UrAmérica en Meseta Central. El mapa comienza a mostrar una combinación de empresas extranjeras, propiedades con antecedentes geológicos y nuevos programas de exploración. No todos los emprendimientos tienen el mismo grado de avance, pero el interés empresarial es concreto.
Del lado estatal, Cerro Solo ocupa un lugar central. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) inició nuevos estudios de prefactibilidad para evaluar las condiciones necesarias para una eventual puesta en producción del depósito, ubicado en cercanías de Paso de Indios. Las tareas incluyen relevamientos geológicos y topográficos, actualización de información, modelado tridimensional y perforaciones diamantinas para estudiar las características geomecánicas del macizo rocoso. La CNEA estima recursos recuperables de aproximadamente 4.600 toneladas de uranio, sobre la base de información obtenida en unas 410 perforaciones.
También aparece en escena YPF Nuclear, una iniciativa que busca vincular el desarrollo de recursos uraníferos con la industria nuclear argentina. El interés expresado por YPF y el Gobierno de Chubut apunta a una posible articulación entre el potencial minero, el abastecimiento energético y el desarrollo de nuevas actividades industriales. Sin embargo, todavía deben precisarse los acuerdos, las inversiones y el esquema operativo que permitirían transformar esa iniciativa en una participación productiva concreta.
La zona gris: tecnología, legislación y desarrollo
El principal interrogante aparece cuando se analiza cómo podrían explotarse estos recursos. La Ley XVII N.º 68, conocida históricamente como Ley 5001, prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en Chubut y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. La norma no establece una excepción expresa para el uranio, pero tampoco prohíbe de manera general toda actividad vinculada con su exploración y eventual recuperación. La modalidad de explotación y su encuadre jurídico son, por lo tanto, cuestiones centrales.
Aquí aparece una diferencia técnica que merece especial atención. No todos los proyectos uraníferos tienen las mismas características geológicas ni pueden desarrollarse mediante los mismos procedimientos. En Los Altares, Myriad pretende evaluar una eventual recuperación in situ, condicionada a estudios que todavía no realizó. En Laguna Salada, en cambio, la documentación técnica presentada por Jaguar describe una mineralización superficial que podría ser apta para extracción a cielo abierto y concentración física. El propio informe aclara que los métodos, costos, efectos ambientales y viabilidad económica todavía no fueron establecidos. Es decir, no existe una solución tecnológica única que permita dar por superadas las restricciones provinciales.
La recuperación in situ tampoco supone ausencia de intervención ambiental. Requiere estudiar la circulación de soluciones, las características de los acuíferos, la permeabilidad de las formaciones y los mecanismos de control para evitar migraciones no deseadas. En una provincia donde el agua constituye una variable estratégica para las poblaciones y las actividades productivas, estos aspectos tienen que ocupar un lugar central en cualquier evaluación.
La cuestión normativa, por su parte, no se resuelve con el solo anuncio de una nueva tecnología. La Resolución 08/2025 del Ministerio de Hidrocarburos aparece mencionada por Myriad como un antecedente para evaluar proyectos mediante recuperación in situ, pero su existencia no equivale a una autorización automática para explotar uranio. Cada emprendimiento debe demostrar su viabilidad técnica, cumplir con las exigencias ambientales y obtener las autorizaciones correspondientes dentro del marco legal vigente.
En este escenario, el uranio podría representar una oportunidad para discutir el desarrollo minero de Chubut desde una perspectiva diferente, pero también puede convertirse en un caso testigo sobre los límites y alcances de la legislación provincial. La diferencia entre explorar, demostrar recursos y obtener autorización para producir es determinante.
Hay, además, una dimensión económica que todavía necesita mayor definición. El interés de las compañías internacionales responde a un mercado de uranio que volvió a ganar relevancia por la demanda de combustible nuclear y las perspectivas de expansión de la generación atómica. Argentina, por su parte, necesita recuperar capacidad de producción para abastecer su propia industria nuclear, que actualmente depende de importaciones de concentrado de uranio.
La pregunta es si Chubut podrá transformar sus recursos geológicos en una actividad económica con impacto territorial. Para ello no alcanza con identificar depósitos, vender propiedades mineras o atraer compañías exploradoras. El desarrollo requiere inversiones productivas, infraestructura, conocimiento técnico, empleo, capacitación y una cadena de proveedores capaz de participar de las distintas etapas de los proyectos.
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La experiencia de Santa Cruz ofrece una referencia regional sobre la importancia de construir una estructura de servicios, trabajadores especializados y proveedores locales alrededor de la actividad minera. Pero cada provincia tiene su propia realidad geológica, económica, institucional y social. Chubut deberá resolver sus propias condiciones para definir qué modelo de desarrollo está dispuesta a impulsar.
Por ahora, el uranio está produciendo algo que durante años parecía difícil de instalar en la agenda provincial: nuevos movimientos empresariales, mayor actividad exploratoria y una discusión concreta sobre las posibilidades de desarrollar recursos minerales. Todavía no hay una nueva industria uranífera en producción ni certezas sobre cuándo podrían concretarse las inversiones necesarias para alcanzarla. Lo que sí existe es un cambio en la escala del interés y una oportunidad para discutir qué lugar quiere ocupar Chubut en la minería argentina. El desafío será que esa oportunidad pueda traducirse en desarrollo productivo, trabajo y participación local, dentro de un marco legal claro y con garantías ambientales verificables.
