El diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, cuestionó duramente a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano por sus votos negativos a dos iniciativas legislativas vinculadas con las inversiones productivas y el desarrollo económico. Una de ellas, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), tiene particular interés para las economías regionales y sectores como la minería.
Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con Canal 2 Vía Patagónica de Puerto Deseado. En ese marco, Guzmán sostuvo que los representantes de Santa Cruz rechazaron herramientas que podrían contribuir a atraer inversiones y generar puestos de trabajo.
«Tenemos hoy dos senadores que votaron en contra de dos leyes que son un beneficio para la provincia de Santa Cruz», expresó. Luego elevó el tono de sus cuestionamientos y los calificó de «imbéciles como senadores».
El primer proyecto es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa que ya explicamos en notas anteriores de Extremo Minero y cuya finalidad es básicamente complementar el RIGI mediante beneficios fiscales para inversiones productivas de menor escala relativa. El esquema establece un umbral general de inversión de US$12 millones y contempla mecanismos como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.
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La iniciativa legislativa, obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos en el Senado, correspondientes a Carambia y Gadano, el pasado 29 de octubre. Su importancia para Santa Cruz radica en la posibilidad de ampliar las herramientas de promoción de inversiones más allá de los grandes proyectos alcanzados por el RIGI. En minería, esto puede resultar relevante para determinadas ampliaciones, infraestructura, equipamiento y otras inversiones vinculadas con la cadena de valor, aunque el eventual encuadramiento dependerá de las condiciones establecidas en la normativa.
La segunda iniciativa está vinculada con la creación de un marco regulatorio para los mercados de carbono y los activos financieros ambientales. También recibió el rechazo de los dos senadores santacruceños. Su alcance es diferente al del RIIR: no constituye un incentivo específico para la minería, aunque puede tener implicancias para actividades productivas que desarrollen mecanismos de reducción o compensación de emisiones y nuevas oportunidades vinculadas con los activos ambientales.
Ambos proyectos obtuvieron respaldo mayoritario en el Senado y fueron girados a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, todavía deben completar su tratamiento legislativo. El resultado de las votaciones abre una discusión sobre las herramientas disponibles para promover inversiones y ampliar la actividad económica, particularmente en provincias que necesitan diversificar su matriz productiva y fortalecer sus cadenas de valor.
La crítica política y los límites del agravio
Más allá de la posición que cada uno pueda sostener respecto de las iniciativas, hay otro aspecto de las declaraciones de Guzmán que merece atención. El desacuerdo con una decisión legislativa es legítimo, como también lo es cuestionar públicamente a quienes representan a una provincia cuando se considera que sus decisiones perjudican determinados intereses. Pero existe una diferencia entre argumentar, exigir explicaciones y descalificar personalmente a quienes piensan o votan de otra manera.
En este caso, el diputado nacional eligió expresiones como «imbéciles» para referirse a dos integrantes del Senado. No se trata de una cuestión de susceptibilidad: es una forma de intervención pública que reemplaza parte de la discusión política por el agravio. Guzmán podía cuestionar el sentido del voto, exigir explicaciones y fundamentar por qué considera que esa decisión perjudica a Santa Cruz. Sin embargo, optó por una descalificación personal que no aporta argumentos al debate.
El episodio también invita a observar otras controversias públicas protagonizadas por el dirigente, entre ellas sus fuertes cuestionamientos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que generaron reacciones institucionales en la Cuenca Carbonífera. No corresponde trasladar automáticamente esas expresiones al conjunto de La Libertad Avanza, pero sí resulta pertinente examinar el estilo de comunicación de quienes ejercen responsabilidades públicas y representan a ese espacio en Santa Cruz.
La exigencia de respeto institucional no puede funcionar solamente cuando se cuestiona a un dirigente propio o cuando se recibe una crítica desde otro sector. Debe ser un criterio aplicable también a quienes integran el mismo espacio político y ejercen responsabilidades públicas. La política necesita confrontación de ideas, diferencias profundas y posiciones firmes, pero también argumentos, responsabilidad y respeto por las instituciones que sus propios protagonistas representan.
Puerto Deseado y su potencial minero
En otro tramo de la entrevista, Guzmán se refirió específicamente a Puerto Deseado y planteó que la localidad tiene potencial para convertirse en un punto estratégico de la minería santacruceña. Aunque reconoció la importancia de la pesca en la economía local, consideró que el sector minero también debe incorporarse a la planificación de su desarrollo.
Sostuvo que la ciudad necesita prepararse, modernizarse y adecuar su estructura municipal para acompañar un eventual crecimiento de la actividad, evitando que la expansión económica se produzca sin el correspondiente desarrollo de infraestructura y servicios. También reclamó participación de los gobiernos locales en la generación de condiciones para atraer inversiones.
El planteo tiene puntos de contacto con una agenda que ya se encuentra en marcha en la localidad. En los últimos meses, Extremo Minero informó sobre las gestiones de vinculación entre operadoras, cámaras empresariales y proveedores de Puerto Deseado, así como sobre las posibilidades de incrementar la participación de las empresas locales en la cadena de abastecimiento minera.
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La discusión que dejan estas declaraciones excede el cruce entre dirigentes. Para Santa Cruz, el debate sobre las herramientas de promoción productiva tiene consecuencias potenciales sobre su matriz económica, sus inversiones y sus posibilidades de generar empleo. Pero la calidad de esa discusión también importa.
Defender el desarrollo, reclamar inversiones y cuestionar decisiones legislativas son posiciones legítimas; hacerlo con argumentos, sin convertir la diferencia política en una sucesión de agravios, es también parte de la responsabilidad que implica representar a los santacruceños.
