El Gobierno de Santa Cruz mantuvo una reunión con representantes de las principales empresas mineras que operan en la provincia para avanzar en una agenda vinculada con la contratación de trabajadores locales, el cumplimiento de la Ley 90/10 y los controles de seguridad e higiene laboral. El encuentro se realizó en la Casa de Santa Cruz, en Buenos Aires, y fue encabezado por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, y el coordinador de Trabajo de Zona Norte, Sebastián Santillán.
Participaron Agustín del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales de Cerro Vanguardia; Hernán Gabriel Carrizo, gerente de Recursos Humanos de Minera Santa Cruz; Verónica Edith Nohara, CEO, Country Manager y presidenta de Minera Don Nicolás; y Shirli Perozzi, directora de Relaciones Laborales de Newmont. La presencia de referentes de cuatro compañías relevantes del sector le dio al encuentro un alcance representativo de la actividad minera provincial.
La agenda incluyó la posibilidad de coordinar las necesidades de contratación de las compañías con la disponibilidad de trabajadores santacruceños, identificar demandas laborales por localidad y acercar las búsquedas de personal a quienes se encuentran buscando empleo. También se abordó la continuidad de las tareas de fiscalización sobre las condiciones de seguridad e higiene en los establecimientos mineros.
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La reunión se inscribe en una política que el Ejecutivo provincial viene desarrollando durante los últimos meses y que tuvo distintos capítulos de fiscalización, inspecciones y controles sobre el ingreso de personal a los yacimientos. No se trata, por lo tanto, de una agenda nueva, sino de la continuidad de una línea de trabajo que busca que la actividad minera tenga una mayor participación de trabajadores residentes en Santa Cruz.
En ese marco, la Ley Provincial 3.141, modificada por la Ley 3.960, establece la prioridad de contratación del 90% de mano de obra local, con una residencia efectiva mínima de seis años en la provincia y los requisitos documentales previstos por la normativa. El régimen alcanza también a las empresas contratistas y subcontratistas comprendidas en sus disposiciones. Su aplicación requiere controles sobre las nóminas laborales y mecanismos que permitan verificar el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas.
Sin embargo, el desafío no se agota en la existencia de una norma ni en la realización de reuniones entre funcionarios y empresas. La discusión sobre el empleo minero santacruceño también involucra la disponibilidad de perfiles técnicos, la formación de trabajadores, los criterios de selección y la capacidad de las compañías para incorporar personal de las localidades cercanas a sus operaciones.
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En ese sentido, la articulación entre las áreas laborales del Gobierno y las empresas puede contribuir a identificar necesidades concretas de cada operación y anticipar las capacidades que demanda la industria. La formación profesional, la experiencia y las certificaciones requeridas para determinados puestos son factores que también inciden en las posibilidades reales de acceso al empleo.
Otro aspecto relevante es que la fiscalización del 90/10 debe contemplar la estructura completa de las operaciones, incluyendo a contratistas y subcontratistas. Una política de empleo local consistente necesita información que permita conocer no solamente cuántos controles se realizan, sino también qué irregularidades se detectan, qué medidas se adoptan y cómo evoluciona la participación de trabajadores santacruceños en la actividad.
La reunión de Buenos Aires vuelve a poner sobre la mesa una de las principales demandas de la sociedad santacruceña frente a la minería: que la explotación de los recursos provinciales genere oportunidades concretas para quienes viven en Santa Cruz. El desafío para el Estado y las empresas es que el diálogo, la normativa y los controles se traduzcan en resultados verificables de contratación local, mejores condiciones laborales y una mayor integración de los trabajadores de la provincia al desarrollo minero.
