La Legislatura de Santa Cruz comenzará a debatir un proyecto que podría modificar de manera significativa la relación entre las principales actividades productivas de la provincia y el empleo local. La iniciativa plantea elevar del 70% al 90% el mínimo de contratación de mano de obra con residencia comprobada en Santa Cruz, alcanzando a la minería, los hidrocarburos, la pesca y las industrias vinculadas. Impulsada por diputados oficialistas y acompañada por el gobernador Claudio Vidal, la propuesta se enmarca en un escenario económico complejo y en un contexto de pérdida de puestos de trabajo que la provincia arrastra desde hace varios años.
La ley vigente, conocida como “70/30”, obliga a las empresas a contratar al menos un 70% de trabajadores locales. Sin embargo, su cumplimiento ha estado cuestionado. El propio gobernador Vidal advirtió recientemente que se detectaron hasta treinta trabajadores declarando el mismo domicilio, lo que demuestra las maniobras utilizadas para sortear la norma. En ese mismo sentido, señaló que “la prioridad debe ser garantizar empleo real para santacruceños”, anticipando la necesidad de controles más estrictos.
El proyecto fue presentado por los diputados Piero Boffi, Pedro Luxen, Fernando Martínez y Fernando Pérez, y establece que las empresas deberán contratar al menos un 90% de trabajadores con residencia comprobada de tres años en la provincia. La acreditación será mediante DNI y certificado de domicilio. Además, el Ejecutivo anunció la creación del Registro de Empleo Santacruceño, una base de datos informatizada que permitirá cruzar información en tiempo real para detectar irregularidades y reforzar las inspecciones laborales y de seguridad e higiene. El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, explicó que el objetivo es “superar el esquema actual del 70/30 con herramientas modernas y efectivas”.
Una ley en debate en medio de un escenario económico incierto
El avance del proyecto se da en un momento de marcada incertidumbre económica en el país. La escalada del dólar, la inflación y la caída del consumo generan preocupación tanto en los hogares como en las empresas. La situación fiscal de la provincia también enfrenta tensiones y, según analistas locales, la incertidumbre electoral agrega un elemento adicional a la falta de previsibilidad. En ese marco, la discusión sobre la Ley 90/10 se presenta como una respuesta política y social para reforzar el arraigo local y garantizar que la riqueza generada por los sectores productivos tenga un impacto directo en la comunidad santacruceña.
El debate también se da en un contexto de reducción del empleo en varios rubros. Santa Cruz se encuentra entre las provincias que registraron una de las mayores pérdidas de puestos de trabajo en la construcción, debido a la caída de la obra pública, y en el sector petrolero, tras la baja de la actividad en áreas que habían sido operadas por YPF. Si bien en los últimos meses hubo intentos de reactivación y licitación de esas áreas, la mayoría de los pozos aún no se encuentra operativa. A esto se suma que, pese a haberse firmado acuerdos y pagado deudas vinculadas con la obra de las represas sobre el río Santa Cruz, los trabajos todavía no se reanudaron.
En paralelo, los sindicatos insisten en que el esquema actual no alcanza para frenar la pérdida de empleo. Desde sectores como la UOCRA Zona Norte, se ha planteado que, aun con la vigencia del 70/30, se mantienen situaciones de incumplimiento. De allí que el nuevo proyecto se perciba como una herramienta necesaria para garantizar que las vacantes generadas se ocupen efectivamente con santacruceños.
Antecedentes, comparaciones y desafíos de implementación
El cambio de la proporción de contratación local no es un debate exclusivo de Santa Cruz. En otras provincias argentinas existen cupos de empleo similares. En Neuquén, la explotación de Vaca Muerta abrió la discusión sobre la proporción de trabajadores locales frente a personal de otras regiones. Allí, la solución fue combinar cupos mínimos con programas intensivos de capacitación, lo que permitió ampliar la participación neuquina en la cadena de valor sin frenar las operaciones. En Catamarca, la minería de litio llevó a establecer porcentajes de empleo provincial en los contratos, aunque con cierto margen de flexibilidad para puestos técnicos especializados.
A nivel internacional, hay casos que ofrecen lecciones. En Perú y Chile, la normativa laboral establece prioridad para trabajadores locales, pero admite excepciones para cargos de alta especialización. En Ghana, en cambio, la legislación minera exige que la casi totalidad de los puestos sea cubierta con trabajadores nacionales, reservando muy pocos espacios para extranjeros. Esa política generó una fuerte redistribución interna, pero también tensiones cuando la oferta de personal calificado resultó insuficiente.
La principal incógnita para Santa Cruz es si existe disponibilidad de mano de obra local calificada para cubrir el 90% de los puestos. Las industrias extractivas requieren perfiles técnicos y profesionales que, en algunos casos, no se encuentran en la provincia. De allí que uno de los puntos más discutidos será la necesidad de implementar programas de capacitación y formación laboral en paralelo con la aprobación de la ley.
Otro desafío será garantizar la aplicación real de la norma. “Echa la ley, echa la trampa”, señalaron en medios locales al advertir que existen trabajadores que declaran domicilio en la provincia para cumplir formalmente con la exigencia, aunque residan en otras jurisdicciones. La creación del Registro de Empleo Santacruceño y una comisión legislativa de seguimiento del cumplimiento de la norma aparecen como respuestas a esa problemática, pero su eficacia dependerá de los recursos que se asignen al control.
En el plano empresarial, es previsible que algunas compañías planteen reparos, sobre todo en lo que refiere a costos y a la disponibilidad de personal especializado. En sectores como la minería y el petróleo, las modalidades de trabajo suelen implicar regímenes de 15×7 o 21×7, lo que facilita la presencia de trabajadores de otras provincias que se trasladan temporalmente a los yacimientos. La nueva normativa obligaría a replantear esa dinámica, con un mayor peso del personal residente en Santa Cruz.
La Ley 90/10 se perfila así como una de las iniciativas más relevantes en materia laboral de los últimos años en la provincia. Su aprobación parece contar con los votos suficientes en la Legislatura, donde el oficialismo tiene mayoría, aunque no se descarta que en el debate parlamentario se introduzcan modificaciones vinculadas con plazos de implementación o con excepciones específicas.
De concretarse, Santa Cruz tendría una de las normativas más estrictas del país en materia de contratación local. El impacto inmediato sería un aumento en la participación de los santacruceños en el empleo generado por minería, petróleo y pesca, con efectos positivos en el arraigo y en la economía provincial. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de la capacidad del Estado para controlar su cumplimiento y de la puesta en marcha de programas que garanticen la formación de personal calificado.
En un contexto nacional de incertidumbre económica y caída del empleo, el proyecto aparece como una respuesta política y social a una demanda largamente planteada en la provincia. Su implementación será observada de cerca por trabajadores, sindicatos y empresas, ya que marcará un nuevo capítulo en la relación entre las actividades productivas y la comunidad santacruceña.
