La Argentina exhibe un potencial geológico difícil de igualar, pero no tiene ni una sola mina en construcción. En el Día de la Minería, el sector vuelve a señalar lo que falta: infraestructura, estabilidad macroeconómica y un régimen de incentivos que funcione.
La minería argentina aguarda un nuevo envión: el litio busca ser eficiente con precios bajos para ampliar la capacidad instalada, el cobre en compas de espera sigue generando expectativas con siete proyectos en carpeta y el oro ante una encrucijada entre la falta de exploración y el cierre inminente de minas. Así es como este 7 de mayo, Día de la Minería, encuentra al sector sin lograr traducir el impulso en escala, ni en planificación sostenida.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del Gobierno de Javier Milei para atraer capitales, fue bien recibido en su espíritu general. Pero su diseño actual, centrado en proyectos nuevos, deja fuera a buena parte del entramado productivo que ya opera en el país. Desde el sector privado, distintas cámaras y empresas advierten: si el régimen no se amplía, la política minera volverá a quedarse a mitad de camino.
Decisiones necesarias
“Lo que hoy estamos gestionando o solicitando al Gobierno nacional es que el RIGI tenga su versión denominada RIGI Ampliado”, explicó Verónica Nohara, presidenta de la Cámara de Minería de Santa Cruz y CEO de la mina Don Nicolás. “Nos falta que definitivamente el Gobierno anuncie que es un hecho y, a partir de ahí, ponernos a trabajar sobre eso”.
El planteo apunta a garantizar que los proyectos en operación no queden excluidos de los beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios que contempla el régimen. En un contexto de inflación, presión impositiva y costos crecientes, las minas activas necesitan estímulos para mantenerse competitivas. “Es muy importante crear un incentivo muy fuerte para lograr captar más inversiones que permitan extender la vida útil de los proyectos que hoy están produciendo y que mediante esas inversiones se logre mayor volumen de producción o más años de vida al proyecto en sí mismo”, agregó Nohara.
En tanto, desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Manuel Benítez refuerza esa mirada: “Se está trabajando arduamente para que esto funcione, que fue una posición planteada por la minería argentina, especialmente por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, en función de los proyectos que siguen trabajando y que están en condiciones de seguir exportando y consolidando el modelo de minería de desarrollo”.
Benítez insiste en que lo que necesita el sector no es un régimen aislado, sino una arquitectura legal coherente que articule los incentivos nuevos con las leyes de promoción minera ya existentes. “La Argentina, sumando todo lo que tenga que ver con las leyes de promoción de la minería que ya teníamos antes, más el RIGI, que ha consolidado un elemento tan caro para los mineros como es la seguridad jurídica, puede consolidar un modelo a largo plazo”.
Fuente: LA OPINION AUSTRAL