La decisión del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) de avanzar con medidas de fuerza contra Pan American Energy (PAE) por la incorporación de personal proveniente de Chubut para operar un perforador en territorio santacruceño volvió a colocar en el centro de la escena la aplicación de la Ley Provincial 3141, modificada recientemente para establecer el esquema de contratación laboral conocido como «90/10».
La norma establece que las actividades estratégicas que se desarrollan en Santa Cruz deben priorizar la contratación de trabajadores locales, reservando hasta un 90% de los puestos para residentes santacruceños y permitiendo un máximo del 10% de mano de obra proveniente de otras jurisdicciones.
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El reclamo encabezado por Rafael Güenchenen sostiene que la incorporación de cuadrillas externas contradice el espíritu de la legislación vigente y afecta las oportunidades laborales de trabajadores de la provincia. Desde el gremio aclararon que la objeción no está dirigida contra los trabajadores chubutenses sino contra decisiones empresariales que, según afirman, deberían privilegiar la contratación local.
La situación resulta particularmente llamativa porque se produce en el marco de un proceso de reactivación de la actividad petrolera impulsado por nuevas inversiones y por la incorporación de equipos que buscan recuperar niveles de producción luego de varios años complejos para el sector.
«Ley pareja no es rigurosa»
Sin embargo, más allá del conflicto puntual entre la empresa y el sindicato, el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión más amplia: ¿las exigencias y controles vinculados al empleo local se aplican con la misma intensidad sobre todos los sectores productivos alcanzados por la ley?
Durante los últimos meses, gran parte del debate público en torno al cumplimiento de la normativa estuvo centrado en la actividad minera. Empresas, sindicatos, organismos gubernamentales y distintos actores de la comunidad participaron de reuniones, auditorías, controles y discusiones vinculadas a los porcentajes de contratación local, la disponibilidad de mano de obra especializada y el impacto que las nuevas exigencias podrían generar sobre proyectos en producción y exploración.
La minería ha quedado frecuentemente bajo la lupa en cuestiones relacionadas con empleo, proveedores locales, inversiones y desarrollo comunitario. Sin embargo, el conflicto desatado en el sector petrolero demuestra que los desafíos vinculados a la contratación de personal no son exclusivos de una sola actividad.
La discusión cobra relevancia en un contexto donde Santa Cruz enfrenta importantes desafíos económicos y laborales. Mientras algunos sectores continúan atravesando procesos de retracción, la minería se mantiene como una de las actividades más dinámicas de la provincia, con proyectos en producción, campañas de exploración en marcha, nuevas inversiones y niveles de exportación que continúan posicionando al sector como uno de los principales generadores de divisas y empleo privado.
Precisamente por esa importancia estratégica, distintos referentes de la industria han planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de encontrar un equilibrio entre los controles que exige la legislación y las condiciones necesarias para sostener la competitividad y la continuidad de las inversiones.
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Nadie discute que las leyes deben cumplirse. Tampoco que el empleo santacruceño debe ser una prioridad para cualquier actividad que aproveche los recursos de la provincia. Pero el caso PAE vuelve a instalar una pregunta que comienza a ganar espacio en distintos ámbitos productivos: si las reglas son las mismas para minería, petróleo y pesca, ¿los controles y exigencias se están aplicando con idéntico criterio para todos?
La respuesta probablemente exceda el conflicto actual. Sin embargo, la polémica deja una enseñanza que atraviesa a toda la matriz productiva santacruceña: la defensa del empleo local requiere controles efectivos, pero también reglas claras, previsibilidad y condiciones que permitan sostener las actividades que hoy continúan generando trabajo, inversiones y desarrollo en la provincia.
