Minera Don Nicolás: Hay algo que la minería santacruceña entendió hace tiempo, aunque a veces le cueste admitirlo públicamente: producir oro ya no alcanza. Las onzas pueden cerrar balances, pero no necesariamente construyen legitimidad. Y en una provincia donde el sector lleva décadas prometiendo desarrollo, empleo y fortalecimiento territorial, la diferencia entre una operación aceptada y una operación tolerada empieza a jugarse en otros terrenos mucho menos glamorosos que una presentación corporativa en Toronto.
Ahí es donde el caso de Minera Don Nicolás comienza a volverse incómodo.
No porque sea la única empresa con problemas. Sería profundamente deshonesto afirmar eso. Todas las operadoras de Santa Cruz atravesaron conflictos sindicales, tensiones con proveedores, cuestionamientos ambientales o discusiones políticas. La minería es una industria compleja, agresiva financieramente y sometida a condiciones operativas que pocas actividades económicas soportarían. Pero justamente por eso resulta llamativo cuando una compañía empieza a destacarse negativamente incluso dentro de un sector acostumbrado a convivir con presión permanente.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Los reclamos por pagos demorados, órdenes de compra que aparecen tarde —o no aparecen—, contrataciones urgentes sin formalización inmediata y bajo nivel de integración local ya dejaron de ser comentarios reservados entre contratistas. Empezaron a convertirse en una conversación abierta dentro del ecosistema minero santacruceño. Una conversación que, además, toca un nervio sensible: la credibilidad.
Porque la minería puede soportar conflictos. Lo que no puede soportar indefinidamente es la sensación de que el esfuerzo económico siempre lo absorben los mismos.
Cuando una pyme santacruceña espera 90 o 120 días para cobrar, no está financiando solamente una factura. Está financiando salarios, combustible, alquileres, repuestos, seguros, impuestos y supervivencia. En otras palabras: termina financiando parte de la operación minera desde abajo hacia arriba. Y eso, tarde o temprano, genera desgaste.
Lo más curioso es que muchas veces el sector todavía se sorprende cuando aparecen cuestionamientos sociales. Como si la licencia social dependiera exclusivamente del precio internacional del oro o de un acto protocolar con cascos blancos y banderas provinciales de fondo. Sin embargo, la legitimidad real se construye bastante más cerca del taller mecánico que de un render corporativo.
En Santa Cruz hay empresas mineras que entendieron eso hace años. No porque sean altruistas ni porque hayan descubierto súbitamente una vocación humanista. Lo entendieron porque comprendieron algo elemental: en territorios pequeños y económicamente dependientes, destruir proveedores locales es destruir estabilidad operativa futura.
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Santa Cruz observa…
Por eso varias operadoras —con errores, conflictos y contradicciones también— desarrollaron estructuras más sofisticadas de sustentabilidad, desarrollo de proveedores, monitoreo comunitario y articulación institucional. No lo hicieron únicamente por responsabilidad social. Lo hicieron porque el costo de no hacerlo termina siendo mucho mayor.
En cambio, el perfil público de Minera Don Nicolás parece moverse todavía bajo una lógica bastante más antigua: producir, sostener flujo de caja y resolver la urgencia inmediata. El problema es que Santa Cruz ya no es la provincia minera de hace veinte años. Hoy existe una demanda creciente de empleo local real, proveedores sólidos, transparencia contractual y presencia territorial concreta. Y cuando una empresa no llena esos espacios, alguien más los ocupa: los reclamos, el malestar y la desconfianza.
La situación se vuelve todavía más paradójica si se observa el rol institucional de Verónica Nohara al frente de CAMICRUZ. Porque mientras Don Nicolás acumula cuestionamientos visibles de parte de proveedores locales, su principal ejecutiva continúa siendo la cara institucional de una industria que necesita desesperadamente mejorar su relación con el territorio.
Y ahí aparece una ironía difícil de ignorar: probablemente Nohara sea una de las dirigentes mineras que mejor entiende la política santacruceña, pero al mismo tiempo conduce la operación que hoy parece exhibir con mayor crudeza varias de las prácticas que más erosionan la imagen del sector.
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Quizás el problema de fondo sea que Cerrado Gold nunca terminó de comprender dónde vino a operar. Santa Cruz no es solamente un yacimiento con oro. Es una provincia económicamente frágil, políticamente sensible y socialmente agotada de escuchar promesas de derrame que muchas veces no terminan de materializarse. En ese contexto, pagar tarde, comprar poco localmente y mantener una presencia institucional débil no son simples errores administrativos. Son señales políticas.
Y las señales políticas, en minería, siempre terminan teniendo consecuencias.
Porque llega un momento en que el problema deja de ser financiero, operativo o incluso reputacional. El problema pasa a ser otro: quedarse sin relato. Y cuando una minera pierde el relato que justifica socialmente su presencia, empieza a quedarse sola, incluso aunque siga produciendo oro.
