En un contexto de alta sensibilidad social y económica, el Gobierno de Santa Cruz decidió mover una pieza clave en el tablero minero. Con un mensaje directo a las operadoras, la provincia busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y reforzar la prioridad del empleo santacruceño en los yacimientos.
Un encuentro político con mensaje claro a la industria minera
El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz dio un paso firme en su relación con las empresas mineras que operan en el territorio. A través de un encuentro de trabajo realizado en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades provinciales reforzaron el diálogo institucional con un objetivo concreto: hacer cumplir la normativa laboral vigente y fortalecer el empleo local en la actividad minera.
La reunión fue encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, quienes transmitieron a las empresas un mensaje inequívoco: el desarrollo minero es estratégico para la provincia, pero debe darse dentro de un marco de legalidad, control y responsabilidad social.
Las empresas convocadas y el rol de la CAEM
Del encuentro participaron representantes de las principales operadoras mineras de Santa Cruz, entre ellas Newmont, operadora del yacimiento Cerro Negro; Cerro Vanguardia S.A., responsable del proyecto Cerro Vanguardia; Minera Santa Cruz, operadora del yacimiento San José; y Don Nicolás, proyecto ubicado en cercanías de Tres Cerros.
También estuvo presente el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, lo que le dio al encuentro un carácter sectorial más amplio y reforzó su peso institucional.
La presencia conjunta de operadoras y cámara empresaria marcó la intención del Gobierno provincial de ordenar el sector sin romper canales de diálogo, pero dejando en claro que el cumplimiento normativo no es negociable.
Ley 90/10: el eje del reclamo provincial
Durante la reunión, las autoridades provinciales notificaron e intimaron formalmente a las empresas al cumplimiento de la Resolución 2026/00002822, que reglamenta la Ley Provincial N° 3.141, modificada por la Ley N° 3.960, conocida como Ley 90/10.
Esta norma establece la prioridad del empleo local santacruceño en la actividad minera, un punto históricamente sensible en una provincia donde la minería convive con demandas sociales persistentes por mayor participación local en los beneficios de la actividad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el crecimiento del sector debe traducirse en más trabajo para los trabajadores de Santa Cruz, no solo en mayores niveles de producción o exportaciones.
Tres líneas de acción inmediatas
Como resultado del encuentro, se definieron tres ejes de acción concretos que las empresas deberán implementar en el corto plazo:
- Presentación de informes detallados sobre el grado de cumplimiento de la normativa laboral vigente, incluyendo situaciones de incumplimiento detectadas.
- Continuidad y fortalecimiento de los programas de capacitación, orientados a mejorar la formación y calificación de mano de obra local.
- Presentación de planes de reconversión laboral, con el objetivo de reemplazar progresivamente empleo no local por empleo santacruceño.
La provincia busca así avanzar hacia un esquema de transición ordenada, que combine continuidad operativa con mayor inclusión laboral local.
Más controles en yacimientos y contratistas
Otro de los puntos centrales fue la decisión del Gobierno de retomar y reforzar los controles en los ingresos a los yacimientos y en todas las etapas de la actividad minera. La fiscalización se centrará no solo en las empresas operadoras, sino también en el universo de contratistas que prestan servicios en los proyectos.
En ese marco, las autoridades intimaron al cumplimiento estricto del SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local), una herramienta clave para transparentar la información laboral y verificar el cumplimiento efectivo de la Ley 90/10.
El mensaje fue claro: no habrá zonas grises ni excepciones, y el control será integral.
Inversiones, pero con reglas claras
Durante el encuentro también se abordaron las nuevas inversiones proyectadas por las empresas mineras en Santa Cruz. Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia de que estos proyectos avancen en un marco de legalidad, responsabilidad social y respeto por los derechos laborales.
La señal política es doble: Santa Cruz ratifica su condición de provincia minera, pero exige que el desarrollo del sector genere empleo local genuino y cumpla las reglas.
Claves del encuentro
- Intimación al cumplimiento de la Ley 90/10
- Refuerzo del control laboral en minería
- Prioridad al empleo santacruceño
- Exigencia de planes de reconversión laboral
- Fortalecimiento del SIREL
- Diálogo abierto, pero con límites claros
Proyección: una relación que entra en fase de mayor control
El encuentro marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno de Santa Cruz y las empresas mineras. La provincia busca pasar del diagnóstico a la ejecución, con más control, más información y mayor exigencia.
En un escenario donde la minería vuelve a ganar protagonismo en la agenda económica nacional, Santa Cruz apuesta a un modelo donde el desarrollo productivo y el empleo local avancen de la mano. La efectividad de esta estrategia dependerá, ahora, de su implementación en el territorio.
Fuente: SECTOR MINERO
