Santa Cruz se destaca como la provincia líder en exportaciones mineras del país, con una producción anual que supera los 1.600 millones de dólares, representando el 42% de las exportaciones mineras de Argentina. Con cinco minas en operación y siete proyectos en exploración avanzada, la provincia ha generado 9.045 empleos directos, constituyendo el 22.5% del empleo minero en Argentina. Además, Santa Cruz es la mayor productora de oro y plata del país, lo que subraya su importancia estratégica para la economía nacional. No obstante, recientemente diversos actores de la industria como las cámaras mineras, las autoridades locales, especialmente la secretaria de minería de la provincia venían manifestando su creciente preocupación con motivo de la falta de exploración y de la pronta puesta en marcha de nuevos emprendimientos mineros en el territorio provincial.
La reciente aprobación la denominada «Ley de Bases» que incluye entre sus apartados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones,también conocido como RIGI promete ser un catalizador significativo para el sector minero en Argentina. Este régimen, parte integral del Título VII de la Ley de Bases, abarca 64 artículos y se estructura en 12 capítulos que detallan su creación, aplicación y beneficios. Pero, ¿será este el gatillo que la minería santacruceña está necesitando?
El RIGI está diseñado para incentivar grandes inversiones, estableciendo un umbral mínimo de 200 millones de dólares, con la posibilidad de incrementarse a 1.000 millones para proyectos de exportación estratégica. Esto podría resultar particularmente relevante para Santa Cruz, que ya atrae importantes inversiones debido a sus vastos recursos minerales, fundamentalmente en el macizo del Deseado, un extenso territorio que en el subsuelo contiene minerales en abundancia, considerado a nivel nacional e internacional como un distrito de clase mundial
Entre los posibles beneficios del RIGI están los tributarios y aduaneros. Las empresas mineras podrán beneficiarse de una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias del 25% en lugar del 35% aplicable en la escala general, y los dividendos estarán gravados al 7%, reduciéndose al 3.5% después de siete años de adhesión al RIGI. Además, la posibilidad de amortizar aceleradamente los activos y de actualizar los quebrantos impositivos sin límite temporal para su utilización, con la opción de transferirlos a terceros después de cinco años, podría ser un gran atractivo para las empresas mineras. Las importaciones de bienes de capital y las exportaciones estarán exentas de derechos, lo que reduce significativamente los costos operativos.
Además, los incentivos cambiarios permiten la libre disponibilidad de divisas, ya que las inversiones no estarán obligadas a ingresar o liquidar divisas en el mercado de cambios, permitiendo una mayor flexibilidad financiera y acceso a divisas a través del Contado con Liquidación (CCL).
Por otro lado, los incentivos cambiarios permitirán la libre disponibilidad de divisas, ya que las inversiones no estarán obligadas a ingresar o liquidar divisas en el mercado de cambios, lo que implica una mayor flexibilidad financiera y acceso a divisas a través del Contado con Liquidación (CCL). El RIGI también garantiza estabilidad por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria, proporcionando un entorno seguro y predecible para las inversiones a largo plazo
La ley contempla también que cada proyecto deberá destinar al menos el 20% de su inversión total a proveedores locales, siempre que estos cumplan con las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.
Tiempo de compromiso, futuro de desarrollo?
Todos estos beneficios deberían implicar el fin de las excusas para la inversión en Santa Cruz. Con la implementación del RIGI, se espera un real compromiso de las grandes empresas del sector minero, lo que podría llevar al tan esperado despegue de la minería en la provincia. La reducción de impuestos, la flexibilidad cambiaria, la estabilidad jurídica y económica, y el fomento del desarrollo de proveedores locales crean un entorno propicio para el crecimiento y la expansión de la industria minera. Este marco normativo no solo beneficia a las grandes inversiones sino también a la economía local, potenciando a las pequeñas y medianas empresas y generando más empleo. En conjunto, estos factores podrían transformar a Santa Cruz en un polo minero de referencia, consolidando su liderazgo en la producción de oro y plata en Argentina y atrayendo nuevas inversiones que impulsen aún más su desarrollo económico.
La implementación del RIGI tiene el potencial de atraer nuevas inversiones significativas a Santa Cruz, no solo en la minería sino también en infraestructura relacionada, como la construcción de infraestructura. El impacto del nuevo régimen en Santa Cruz se espera que sea transformador, consolidando su posición como un bastión de la minería argentina y asegurando su contribución continua al desarrollo económico del país.
