Así fue adelantado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Abarcará específicamente al personal minero que proviene de otras provincias, para que haga el asilamiento y así evitar la variante Delta. Cómo fueron los sucesivos protocolos impuestos en el sector.
El sector productivo de mayor peso de Santa Cruz desplegó, desde mediados de 2020, una serie de acciones entre el sector público y privado para mantener la productividad, luego de ser declarada actividad esencial por los gobiernos nacional y provincial.
La minería logró así evitar que se suspendiera por largo tiempo la producción, ya que los brotes de contagios fueron puntuales y una vez focalizados, aislados del resto del personal para evitar dificultades mayores. Acaso la piedra angular fue precisamente el protocolo diseñado por el Centro Operativo de Emergencias (COE) para prevenir el contagio del COVID-19.
No obstante, este año la preocupación de las autoridades radica en evitar por el mayor tiempo posible la prevalencia de la variante Delta en los contagios de Covid-19 en la población santacruceña. Ya trascendió que en otras provincias hay circulación de la misma, que es altamente contagiosa y que puede poner en peligro las medidas aplicadas recientemente, que tienen a una disminución de las exigencias.
Tanto es así que este lunes el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Javier Flores, habló acerca del trabajo que se viene realizando en relación al control de los viajeros, principalmente en el aislamiento correspondiente y realizando los estudios de PCR a quienes vienen del exterior, para estar atentos con la cepa Delta.
“De igual modo -expresó- se está trabajando en el nuevo protocolo minero para controlar al personal minero que proviene de otras provincias, para que haga el asilamiento correspondiente. Esto se debe a que en otras provincias ya hay circulación de cepa Delta”, aseguró el funcionario de la cartera sanitaria.
Antecedentes
Es importante recordar que el viernes 3 de abril de 2020, decreto presidencial mediante, la minería y otras ocho actividades se incorporaron a las actividades y servicios esenciales. En esa misma jornada, las operadoras Newmont, Yamana Gold, Minera Santa Cruz, Cerro Vanguardia, Triton Argentina y Minera Don Nicolás solicitaron a Provincia el desalojo de los trabajadores que estaban imposibilitados de regresar a sus hogares desde el 20 de marzo, día en que se había iniciado el aislamiento social.
Así es que, en consonancia, las compañías, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo, los municipios de influencia (Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores y Río Gallegos, entre otros) y los gremios del sector implementaron un operativo en cada uno de los seis proyectos mineros ubicados en suelo santacruceño.
¿Cómo era el dispositivo? En ese momento, la Secretaría de Minería elaboró un protocolo de “traslado del personal minero”. El mismo sostenía: “Será mayormente con mano de obra local”, según lo acordaron gobierno y compañías, “salvo aquellas especializaciones que no haya en Santa Cruz”. De esta manera tomaba mayor vigor la Ley Nº 3.141, que establece que la dotación del personal en el sector productivo provincial debe ser con el 70% de mano de obra santacruceña.
El viernes 3 de abril de 2020, la minería fue declarada -por decreto- actividad esencial
Al inicio de la pandemia se había definido que estarían exceptuadas las personas provenientes de los territorios con transmisión local de COVID-19. Se trataba de regiones como Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Chaco, Alta Gracia y Río Cuarto (Córdoba), Santa Fe, Ushuaia y cada una que se incorporara al Centro Operativo de Emergencia (COE).
“Mineros y transportistas acreditarán fielmente su identidad, lugar de procedencia y destino”, sostenía y acotaba: “El ingreso y salida de los yacimientos será bajo Declaración Jurada que acredite que el trabajador no presenta síntomas de COVID-19, certificado médico y control de temperatura”.
También que “la Policía escoltará al personal santacruceño que llegue a su destino final, para garantizar que el servicio se haga puerta a puerta”.
Otras de las disposiciones aplicadas por entonces aclaraba que las unidades de traslado debían ser debidamente desinfectadas y que se prohibía efectuar el traslado en su capacidad máxima de pasajeros.
Pero cuando la primera ola pegó fuerte, se sumaron nuevas obligaciones. Se advertía que “el personal a incorporarse debe haber cumplido 14 días de aislamiento sin síntomas”, mientras que en su lugar de trabajo dispondrá de “los elementos de protección personal, como barbijos, guantes”, entre otros.
El control de temperatura se empezó a realizar al inicio y final de cada jornada laboral y se dejó constancia en un registro. En el comedor no podía haber más de tres personas por mesa y se respetaría la distancia de dos metros, mientras que un solo trabajador ocuparía cada dormitorio.
Los diagramas de trabajo serían de forma obligatoria de 14 días. Asimismo, en caso que un trabajador presentara síntomas, sería aislado en un lugar designado. Las medidas en los yacimientos se siguen aplicando, aunque ahora se verá acentuado el control sobre los que arriben de otras provincias
Fuente: La Opinion Austral
