El tiempo pasa. Y en Santa Cruz, también deja una sensación cada vez más instalada: la de un modelo que avanza en producción, pero no siempre en presencia real.
Porque mientras la minería sigue creciendo en el Macizo del Deseado, una pregunta se repite en voz baja —y cada vez con menos ingenuidad— en localidades como Perito Moreno, Puerto San Julián, Gobernador Gregores o Puerto Deseado:
¿Y las oficinas de las grandes contratistas: Enaex? ¿Y las de Cookins? ¿Y Masterbus?
La pregunta no es menor. Es casi un síntoma.
Ya en agosto 2016, el Ministro de Producción de ese momento Leonardo Alvarez le exigió a Yamana Gold que reabra la atención de su oficina en la ciudad de Puerto Deseado, como así también a la empresa M3 – principal contratista de la firma minera –a los efectos de optimizar la relación con los actuales y potenciales proveedores del emprendimiento.
Hace algunos años, alguien por lo menos recogió el guante de esta incomoda realidad y a raíz de ellos aparecieron algunas reuniones, como la que involucró al por aquel entonces concejal y candidato a intendente: Santiago Aberastain Zubimendi y a referentes de la firma Enaex en Buenos Aires, cuyos resultados alimentaron una expectativa conocida: capacitación, empleo local, mayor presencia de empresas en territorio. Se hablaba de cursos, de articulación con la comunidad y de una minería más integrada al desarrollo provincial.
Algo similar ocurrió con la Cámara de comercio de la localidad costera, solicitando además que AOMA reabra las oficinas que oportunamente tuvo en la localidad
Pero el tiempo, que suele ordenar las expectativas, en esta oportunidad terminó ordenando otra cosa: el escepticismo.
Hoy, la realidad operativa muestra un mapa claro. Enaex, como otros proveedores estratégicos, opera en distintas minas de la provincia —en varios yacimientos— pero su estructura administrativa y logística no se traduce en una presencia visible y consolidada en cada localidad donde trabaja, lejos está de eso.
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Lo mismo ocurre con otras grandes empresas del ecosistema minero. Cookins y Masterbus cumplen roles esenciales en la operación diaria, pero bajo un esquema que prioriza movilidad, eficiencia y centralización.
En otras palabras: están en la actividad, pero no necesariamente en el territorio.
Ese es el punto que empieza a pesar en la conversación pública. No desde la crítica simplista, sino desde la observación repetida en el tiempo.
Porque cuando se habla de minería en Santa Cruz, el discurso suele instalar una idea potente: que la llegada de empresas implica automáticamente desarrollo local. Sin embargo, la experiencia en localidades como Puerto Deseado o Perito Moreno muestra que la relación es más compleja.
Hay empleo, sí. Hay movimiento económico, también, no tanto como la sociedad actual demanda. Pero la transformación estructural del entramado urbano, productivo y empresarial no siempre acompaña ese ritmo.
En ese contexto, el caso de aquellas reuniones políticas con empresas —como la mencionada con Enaex— deja de ser un hecho aislado para convertirse en un reflejo de algo más amplio: la distancia entre la planificación institucional y la lógica real de operación del sector.
Porque mientras en los discursos se habla de radicación, formación y desarrollo local, en la práctica muchas empresas mineras operan con estructuras concentradas, equipos móviles y decisiones centralizadas fuera de la provincia.
Y esa diferencia, con el tiempo, se vuelve visible.
Quizás por eso la pregunta que antes sonaba anecdótica hoy aparece con más frecuencia:
¿Y las oficinas?
No como reclamo puntual, sino como forma de medir algo más profundo: cuánto de lo que se promete en torno a la minería termina realmente quedándose en el territorio.
El tiempo pasa, y en Santa Cruz la minería sigue siendo motor económico. Pero también deja instalada una certeza incómoda: el desafío ya no es solo producir más, sino discutir seriamente qué significa “desarrollo local” en un modelo donde muchas de las piezas clave operan, pero no necesariamente se asientan.
Presencia territorial: la deuda pendiente que define el verdadero impacto
En este contexto, la discusión ya no puede seguir postergándose: la presencia territorial efectiva de empresas y contratistas es una condición básica para que la minería trascienda el volumen de exportaciones y se traduzca en desarrollo real.
La apertura de oficinas en todas las localidades vinculadas a la actividad no solo generaría empleo directo, sino que también fortalecería el arraigo, el compromiso y la identidad entre las compañías y las comunidades donde operan. Después de más de 30 años de minería, el desafío no es crecer, sino distribuir mejor ese crecimiento. Y eso empieza, necesariamente, por estar presentes.
