El reciente decreto presidencial que transforma a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima ha generado una ola de reacciones en la provincia de Santa Cruz. La medida, oficializada el 24 de febrero de 2025, establece la creación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., manteniendo el control mayoritario del Estado Nacional y permitiendo la participación de capitales privados en su administración. Este movimiento busca reducir la carga financiera que YCRT representa para el Tesoro Nacional y allana el camino para una eventual privatización.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, criticó la medida a través de sus redes sociales. En su cuenta de X (antes Twitter), Grasso manifestó: «Otra decisión que complica a los santacruceños, ponen en riesgo cientos de puestos de trabajo, la puesta en marcha de la Megausina y la posibilidad de industrializar nuestra provincia». Además, etiquetó a legisladores santacruceños, incluyendo a Alicia Kirchner, para instarlos a tomar cartas en el asunto.
La senadora nacional y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, también se pronunció en contra de la transformación de YCRT en sociedad anónima. Kirchner subrayó la importancia de que la empresa permanezca 100% estatal como garantía de desarrollo para la cuenca carbonífera y la soberanía energética del país. «Es estratégico que YCRT sea 100% estatal. Estar del lado de Argentina y al lado de los trabajadores es votar No a la Ley Bases en el Senado y frenar el desguace de YCRT», declaró la senadora.
En el ámbito sindical, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, criticó duramente la medida y las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había calificado a YCRT como parte de la «casta». Aguiar señaló: «Repite como loro. No sabe de lo que habla. Otra vez realiza declaraciones mentirosas que estigmatizan. Intentan preparar el terreno para privatizar YCRT, pero no la conocen». Además, destacó que la empresa está operativa, extrayendo más de 1.000 toneladas de carbón por día, y subrayó su relevancia estratégica tanto para la economía provincial como para la soberanía nacional.
Desde el ámbito empresarial, algunos sectores ven con buenos ojos la posibilidad de participación privada en YCRT. Empresarios locales consideran que la inyección de capitales privados podría modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia operativa de la empresa. Sin embargo, advierten que cualquier proceso de privatización debe realizarse con transparencia y garantizando la protección de los puestos de trabajo existentes.
En el plano político, legisladores de la oposición manifestaron su descontento con la decisión del Ejecutivo. La diputada Graciela Ocaña presentó una denuncia señalando posibles irregularidades en la gestión de YCRT, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva antes de avanzar con cualquier proceso de privatización. «El actual Gobierno hace alarde de su austeridad y su intención de privatizar empresas estatales. Sin embargo, si estas empresas están rodeadas de funcionarios corruptos que solicitan coimas, el problema radica en la gestión, no en la empresa», sostuvo Ocaña en su presentación.
El interventor de YCRT, Pablo Sebastián Gordillo Arriagada, designado en octubre de 2024 tras la destitución de Thierry Decoud por presuntos pedidos de sobornos, defendió la transformación de la empresa en sociedad anónima. Gordillo Arriagada argumentó que esta reestructuración permitirá una mayor eficiencia y atraerá inversiones necesarias para la operatividad del complejo minero y energético. Además, destacó que se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores durante este proceso de transición.
Mientras tanto, la comunidad de Río Turbio y sus alrededores observa con incertidumbre el futuro de YCRT. La empresa no solo es una fuente de empleo para más de 2.100 personas, sino que también es el motor económico de la región. Organizaciones sociales y sindicatos locales han convocado a asambleas y manifestaciones para expresar su rechazo a la posible privatización y exigir garantías para los trabajadores y la comunidad. Mientras el gobierno nacional argumenta que la medida busca mejorar la eficiencia y reducir el déficit operativo de la empresa, diversos actores provinciales y locales expresan preocupaciones sobre el impacto social y económico de una eventual privatización. El futuro de YCRT se encuentra en el centro del debate, reflejando las tensiones entre las políticas nacionales y las realidades provinciales.
