ALERTA MINERA: En la provincia de Santa Cruz, los fideicomisos mineros han sido históricamente herramientas clave para canalizar recursos provenientes de la actividad extractiva hacia obras, infraestructura y desarrollo comunitario. Sin embargo, la situación actual en Puerto Deseado comienza a encender luces de alerta que el sector no puede ignorar.
El esquema provincial tiene como eje el Fondo UNIRSE, creado en 2016 durante la gestión de Alicia Kirchner, al que las empresas mineras aportan alrededor del 1% de sus ventas. Este fondo financia iniciativas en salud, educación e infraestructura en toda la provincia. En paralelo, existen fideicomisos locales, diseñados para atender demandas específicas en cada zona de influencia minera.
Uno de los casos más relevantes es el fideicomiso de Puerto Deseado, vinculado a la operación de Cerro Moro, hoy bajo control de Pan American Silver tras la adquisición de Yamana Gold. Este instrumento fue creado en 2019 junto al municipio local y el Banco Santa Cruz, con aportes equivalentes al 1,25% de las utilidades de la operación minera.
En sus orígenes, el fideicomiso buscaba consolidar un modelo de “valor compartido”, financiando obras concretas para la comunidad: desde infraestructura urbana hasta proyectos productivos. Sin embargo, el escenario actual muestra un funcionamiento que, si bien se mantiene activo en lo financiero, evidencia debilidades crecientes en su estructura institucional.
Este año (2026), ingresaron fondos al fideicomiso por más de $1.400 millones comprometidos en proyectos como el parque industrial, la mejora del matadero municipal, obras en la pileta local y el vaciadero. No obstante, el proceso de toma de decisiones aparece cada vez más cuestionado.
Diversos análisis coinciden en un punto crítico: la ausencia de mecanismos formales de participación ciudadana y control social. El comité del fideicomiso está integrado únicamente por el municipio, el Concejo Deliberante, la empresa operadora y Fomicruz, sin representación directa de la comunidad ni de instituciones independientes. La información pública disponible es limitada y las decisiones no siempre son comunicadas de manera transparente.
Este contexto derivó recientemente en un conflicto concreto. Empresas locales denunciaron haber sido excluidas de procesos de contratación vinculados a obras financiadas por el fideicomiso. En algunos casos, se detectaron adjudicaciones directas a firmas externas sin licitación pública, lo que generó la intervención de cámaras empresarias para reordenar las reglas de juego.
Pero el punto más sensible emerge de información extraoficial que circula en el ámbito local y que, si bien aún no cuenta con respaldo documental público, describe un escenario potencialmente delicado: la utilización de fondos del fideicomiso para cancelar deudas operativas del municipio con proveedores, con el agravante de que algunos de esos proveedores no son siquiera de la localidad.
Según estos testimonios, servicios prestados desde enero —principalmente horas de maquinaria, camiones y trabajos vinculados al vaciadero municipal— no habrían sido abonados por el municipio en tiempo y forma. Posteriormente, parte de esos compromisos estaría siendo cubierta con recursos del fideicomiso.
De confirmarse, este mecanismo implicaría un desvío del objetivo original del instrumento, que está diseñado para financiar obras específicas y no para cubrir gastos corrientes o pasivos municipales.
El impacto social de esta situación ya comienza a sentirse. Proveedores locales plantean desigualdad en los pagos —algunos habrían cobrado, mientras decenas permanecen impagos— y no se descartan medidas de presión en los próximos días para exigir respuestas.
Es importante subrayar que, hasta el momento, no existen denuncias formales que acrediten malversación de fondos. Sin embargo, la combinación de opacidad, falta de controles externos y conflictos en la asignación de recursos configura un escenario de riesgo institucional que merece atención urgente.
El contraste con la etapa anterior, bajo la gestión de Yamana Gold, también es parte del debate. En aquel período, el fideicomiso estaba más integrado a una estrategia de vinculación comunitaria activa. Hoy, distintos actores locales coinciden en que ese vínculo se ha debilitado significativamente.
El desafío, hacia adelante, es claro: fortalecer los mecanismos de transparencia, garantizar procesos de contratación abiertos y asegurar que los recursos cumplan estrictamente con el destino para el cual fueron creados. En una provincia donde la minería tiene un rol central en la economía, la credibilidad de estos instrumentos es tan importante como los recursos que administran.
