La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) expresó un fuerte reclamo público frente a la situación que atraviesan las pymes provinciales vinculadas a Minera Don Nicolás, operada por Cerrado Gold Inc. El planteo surge en un contexto donde la compañía comunica crecimiento, nuevas campañas de perforación y proyecciones positivas, pero ese escenario no se refleja —según advierten los proveedores— en el entramado productivo local.
Desde la entidad remarcan que el aumento de la actividad minera no está generando un impacto proporcional en términos de desarrollo económico, empleo ni fortalecimiento de empresas santacruceñas. El eje central del reclamo se apoya en tres puntos críticos: el bajísimo nivel de compre local, la ausencia de políticas concretas y sostenidas de desarrollo de proveedores, y plazos de pago extendidos que afectan seriamente la salud financiera de las pymes.
CAPROMISA sostiene que muchas empresas locales cuentan con capacidad técnica, experiencia y recursos humanos calificados para prestar servicios en el yacimiento, pero aun así quedan relegadas frente a proveedores externos. Esta situación no solo limita las oportunidades de crecimiento para las pymes, sino que también reduce el efecto multiplicador que la minería debería generar en la economía provincial.
Otro aspecto señalado con preocupación son las condiciones comerciales impuestas. Los plazos de pago prolongados, en un contexto de alta presión impositiva, costos logísticos elevados y dificultades de financiamiento, terminan asfixiando a empresas que dependen del flujo constante de ingresos para sostener empleo y operación. Para CAPROMISA, este esquema resulta incompatible con un modelo de minería que aspire a ser verdaderamente sustentable en el territorio.
La cámara enfatiza que no se trata de cuestionar la inversión minera ni su continuidad, sino de exigir un cambio de enfoque. El crecimiento de un proyecto debe traducirse en beneficios tangibles para la provincia que lo alberga, especialmente en Santa Cruz, donde la minería es una de las principales actividades económicas y una herramienta clave para el desarrollo regional.
En ese sentido, CAPROMISA reclama medidas inmediatas y concretas: reglas claras de compre local, programas efectivos de desarrollo de proveedores, mayor previsibilidad en los pagos y un compromiso real de las operadoras con el entramado productivo santacruceño. Sin estas condiciones, advierten, el crecimiento de Minera Don Nicolás seguirá siendo un dato positivo en los informes corporativos, pero una oportunidad perdida para la provincia.
¿Caza de brujas minera o nueva advertencia al sector?
En este punto, resulta inevitable abrir un interrogante de fondo que trasciende el caso puntual de Minera Don Nicolás y obliga a una lectura más amplia del escenario minero santacruceño.
¿Estamos frente a una suerte de “caza de brujas” dirigida contra una operadora en particular, o estas acciones públicas y mediáticas marcan el inicio de una etapa en la que el desempeño social, productivo y comercial de todas las compañías será puesto bajo la lupa? La pregunta no es menor, porque el modo en que se construye el relato público alrededor de un proyecto minero impacta de manera directa en su licencia social para operar y en la percepción institucional que la comunidad, los proveedores y el propio Estado provincial tienen de cada empresa.
El reclamo de CAPROMISA, más allá de su dureza, se apoya en demandas estructurales que no son exclusivas de un solo yacimiento. El bajo compre local, la falta de políticas sistemáticas de desarrollo de proveedores y las condiciones comerciales que tensionan a las pymes forman parte de un debate recurrente en Santa Cruz. En ese sentido, focalizar el conflicto únicamente en Don Nicolás podría resultar una simplificación que oculte una problemática más profunda y extendida en el sector.
Al mismo tiempo, estas exposiciones públicas funcionan como una advertencia para el resto de las operadoras. La era del bajo perfil y de los reportes corporativos desvinculados de la realidad territorial parece haber quedado atrás.
Hoy, la coherencia entre discurso institucional y práctica operativa es observada, medida y, cuando se considera necesario, cuestionada públicamente. Para las compañías mineras que operan en Santa Cruz, el mensaje es claro: el crecimiento productivo ya no alcanza si no va acompañado de un retorno tangible y verificable para la provincia que sostiene la actividad.
