De la contratación local al arraigo territorial: El diputado de Puerto Deseado busca profundizar el vínculo entre la minería y las comunidades santacruceñas
La minería vuelve a ocupar un lugar central en el debate legislativo santacruceño. Durante las últimas semanas, el diputado por el pueblo de Puerto Deseado y presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, presentó una serie de iniciativas que apuntan a fortalecer el empleo local, potenciar a los proveedores provinciales y generar una mayor presencia territorial de las compañías que operan en los yacimientos de la provincia.
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La más reciente es la Resolución N° 290/26, ingresada durante la sexta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, mediante la cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que intime a las empresas operadoras y concesionarias de yacimientos mineros a incorporar cláusulas obligatorias de arraigo territorial en sus pliegos, contratos y condiciones de operación. La propuesta fue girada a las comisiones de Trabajo y Recursos Naturales para su análisis.
La iniciativa surge en un contexto donde Santa Cruz busca consolidar una nueva etapa en la relación entre la actividad minera y las comunidades donde se desarrolla la extracción de recursos.
Una estrategia que va más allá de una resolución
La propuesta sobre arraigo territorial no aparece de manera aislada. Forma parte de una serie de proyectos impulsados por Aberastain que tienen como denominador común incrementar la participación de los santacruceños en los beneficios que genera la actividad minera.
Uno de los ejes principales ha sido el respaldo a la implementación efectiva de la Ley Provincial 3141, conocida popularmente como el esquema 90/10, que establece prioridades para la contratación de trabajadores santacruceños en la industria minera. Durante las reuniones mantenidas entre el Gobierno Provincial, sindicatos y empresas operadoras, el legislador sostuvo la necesidad de fortalecer el empleo local sin afectar la continuidad de la actividad, destacando la importancia de generar oportunidades laborales genuinas para los habitantes de la provincia.
En esa misma línea, Aberastain ha insistido en que el principal desafío no pasa únicamente por aumentar los niveles de producción minera, sino por lograr que el impacto económico permanezca en las localidades santacruceñas.
La Mesa Minera Santacruceña
Otro de los proyectos relevantes impulsados por el diputado es la creación de la Mesa Minera Santacruceña, una iniciativa que ya tomó estado parlamentario y que propone institucionalizar un ámbito permanente de coordinación entre el Estado, las empresas, los sindicatos y los proveedores locales.
El objetivo es generar un espacio donde se puedan debatir políticas vinculadas al empleo, la capacitación de trabajadores, el fortalecimiento de PyMEs santacruceñas, el seguimiento de la normativa vigente y la planificación estratégica del desarrollo minero provincial.
La propuesta busca transformar en política de Estado una articulación que actualmente se desarrolla a través de reuniones sectoriales y mesas de trabajo específicas.
Más presencia de las empresas en las comunidades
La discusión sobre el arraigo territorial también se complementa con otra iniciativa presentada durante el mismo período legislativo: el pedido para que las empresas mineras establezcan oficinas administrativas y operativas en las localidades cercanas a los yacimientos.
El planteo apunta a reducir la distancia entre las operadoras y las comunidades de influencia directa, facilitando la interacción con trabajadores, proveedores, instituciones y vecinos.
Desde distintos sectores vinculados al desarrollo local se viene planteando desde hace años la necesidad de que una mayor parte de las decisiones vinculadas a la actividad minera se adopten dentro del territorio provincial y no exclusivamente desde centros administrativos ubicados fuera de Santa Cruz.
El debate por la renta minera
La agenda legislativa también incluye la discusión sobre la participación provincial en la renta generada por la actividad extractiva.
Aberastain acompañó iniciativas orientadas a revisar el esquema actual de regalías mineras y planteó la necesidad de que una mayor proporción de los recursos generados por la actividad llegue de manera directa a municipios y comisiones de fomento, especialmente aquellas localidades que conviven cotidianamente con los proyectos productivos.
El debate se enmarca en una discusión más amplia sobre cómo aprovechar el potencial geológico de Santa Cruz para generar desarrollo económico sostenible en el largo plazo.
Quizás la definición que mejor resume la posición del legislador fue expresada recientemente cuando afirmó que Santa Cruz debe pasar «de ser una provincia con minería a ser una provincia minera».
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La frase sintetiza una visión que busca que la actividad deje de ser únicamente una fuente de exportaciones y se convierta en un motor de desarrollo territorial, con mayor generación de empleo local, fortalecimiento de proveedores santacruceños, capacitación de recursos humanos y participación activa de las comunidades.
En ese marco, la Resolución 290/26 aparece como un nuevo capítulo dentro de una estrategia política más amplia que pretende profundizar la integración entre la industria minera y el entramado social y económico de Santa Cruz.
