Este 21 de abril de 2026, Argentina vuelve a detenerse en una fecha que, aunque muchas veces pasa desapercibida, tiene un peso estructural en el mundo del trabajo: el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se trata de una jornada que no solo recuerda el origen del sistema preventivo en el país, sino que también obliga a revisar su vigencia, su aplicación real y su impacto concreto en sectores críticos como la minería.
El origen de esta conmemoración se remonta al Decreto N° 4159/73, que estableció la fecha en homenaje a la sanción de la Ley 19.587 en abril de 1972, una norma que marcó un antes y un después en la prevención de accidentes y enfermedades laborales en Argentina. Esta ley sentó las bases de un sistema que introdujo la obligatoriedad de condiciones seguras de trabajo, la creación de estructuras internas de control y la profesionalización del área.
Décadas más tarde, el esquema se vería reformulado con la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que dio origen al actual sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Este modelo amplió la cobertura y estableció nuevos mecanismos de control, aunque también ha sido objeto de debate en cuanto a su eficacia y alcance real.
Sin embargo, el 21 de abril no puede analizarse de forma aislada. Argentina forma parte de una discusión global que tiene su punto más visible el 28 de abril, cuando la Organización Internacional del Trabajo conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta fecha fue adoptada oficialmente en 2003, aunque su origen se remonta a 1996, cuando el movimiento sindical internacional —hoy representado por la Confederación Internacional de Sindicatos— impulsó una jornada en memoria de trabajadores fallecidos y heridos, a partir de un hecho trágico ocurrido en Canadá.
Para 2026, el eje de la campaña global pone el foco en un aspecto cada vez más determinante: los riesgos psicosociales. Bajo el lema “Garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo”, se busca visibilizar factores como la sobrecarga laboral, la falta de claridad en los roles, la escasa autonomía y la debilidad en los sistemas de apoyo organizacional. Elementos que, lejos de ser abstractos, tienen impacto directo en la seguridad, la salud y la productividad.
Este enfoque se alinea con una decisión histórica tomada en junio de 2022, durante la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, donde se reconoció formalmente que un entorno de trabajo seguro y saludable constituye un derecho fundamental. Esto lo ubica al mismo nivel que principios estructurales como la libertad sindical o la eliminación del trabajo forzoso.
Las cifras globales refuerzan la urgencia. Según estimaciones de la OIT y la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2 millones de personas mueren cada año por causas vinculadas al trabajo. Un dato particularmente crítico indica que 4 de cada 10 decesos están asociados a jornadas laborales extensas. En palabras del exdirector general de la OIT, Guy Ryder, “muchas más personas mueren por culpa del trabajo que por los conflictos en el mundo”.
En Argentina, la conmemoración de este 21 de abril se traduce en capacitaciones, campañas de concientización, inspecciones y actividades institucionales. Pero más allá de lo formal, la discusión de fondo sigue vigente: cómo transformar la normativa en prevención efectiva, especialmente en actividades de alto riesgo como la minería, donde la seguridad no es una opción sino una condición indispensable para operar.
La fecha, en definitiva, no es solo un recordatorio. Es un punto de partida para revisar prácticas, exigir cumplimiento y reforzar una cultura preventiva que, en contextos productivos complejos, sigue siendo el principal desafío pendiente.
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