«No les vamos a pedir por favor» – La discusión sobre el vínculo entre el Estado y las empresas mineras volvió a encenderse con fuerza en Santa Cruz. Durante la 3° sesión ordinaria del 53° período legislativo, el diputado por Puerto Deseado, Santiago Aberastain, dejó una de las definiciones políticas más contundentes del año: “A las mineras no les tenemos que pedir por favor”.
La frase no fue aislada ni improvisada. Se dio en el marco de una intervención donde el legislador remarcó el rol institucional del Poder Legislativo como representante directo de la sociedad santacruceña. “Somos el Gobierno y acá está representado todo el pueblo de Santa Cruz en estas 24 bancas”, sostuvo, marcando una línea clara sobre cómo debe encararse el diálogo con el sector.
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El posicionamiento de Aberastain no solo tiene peso político, sino también impacto concreto en la agenda legislativa. Junto a Javier Jara, impulsa un proyecto de ley que propone elevar el aporte minero del 3% al 5% y, además, establecer su distribución directa entre municipios y comisiones de fomento. Se trata de una iniciativa que apunta a modificar uno de los ejes estructurales de la actividad en la provincia: la forma en que la renta minera llega —o no— al territorio.
En términos técnicos, la propuesta se ubica en el límite superior permitido por la Ley de Inversiones Mineras 24.196, lo que anticipa un escenario de debate complejo. Por un lado, sectores políticos y sociales reclaman una mayor participación de la minería en el desarrollo local; por otro, la industria advierte sobre los efectos que un incremento de cargas puede tener en la competitividad, especialmente en un contexto de costos crecientes en Argentina.
Más allá del contenido específico del proyecto, lo que emerge con claridad es un cambio en la narrativa política. El planteo de Aberastain rompe con una lógica histórica de negociación más moderada y propone un enfoque donde el Estado fija condiciones desde una posición de autoridad. No se trata solo de números, sino de cómo se redefine el equilibrio entre inversión, desarrollo y expectativas sociales.
El trasfondo de esta discusión no es menor. En Santa Cruz, la minería representa uno de los principales motores económicos, pero también es objeto de una demanda persistente por mayor impacto tangible en las comunidades. La idea de coparticipar el aporte minero con municipios busca, precisamente, responder a ese reclamo, acercando recursos a los territorios directamente vinculados a la actividad.
Hacia adelante, el escenario abre múltiples interrogantes. La reacción de las empresas operadoras, la posición del Poder Ejecutivo provincial y la dinámica interna de la Legislatura serán determinantes para el futuro del proyecto. También estará en juego la señal que Santa Cruz envíe a los inversores en un contexto nacional donde la minería busca consolidarse como sector estratégico.
Lo cierto es que el mensaje ya está instalado: el debate por la renta minera volvió al centro de la escena, y esta vez con un tono mucho más firme desde la política.
Desde la redacción de Extremo Minero, seguiremos de cerca la evolución de este tema clave para la provincia, poniendo en valor la importancia de un desarrollo minero sostenible, transparente y con impacto real en las comunidades. Invitamos a nuestros lectores a conocer y suscribirse al directorio de empresas del sector, una herramienta que fortalece el entramado productivo y promueve el crecimiento de proveedores locales.
