La seguridad laboral en la minería de Santa Cruz vuelve a estar en el centro del debate tras el reciente incidente registrado en el yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont, que activó las alarmas del sistema de ventilación en la Mina Mariana Norte. Siete trabajadores fueron afectados por inhalación de gases y, aunque la empresa asegura que sus protocolos de emergencia funcionaron correctamente, las críticas hacia la gestión de la seguridad en la mina no se han hecho esperar.
El episodio ocurrió ayer, lunes 6 de enero, en el nivel 475 de la Mina Mariana Norte durante tareas de mantenimiento y fortalecimiento del sistema de ventilación. Según comunicó la propia empresa, los trabajadores afectados lograron evacuar la zona por sus propios medios utilizando los vehículos disponibles. Posteriormente, cinco trabajadores fueron atendidos en el servicio médico del yacimiento, mientras que dos fueron trasladados al hospital de Caleta Olivia para controles más exhaustivos. Como medida preventiva, las operaciones subterráneas permanecen restringidas hasta que se complete una evaluación técnica.
La sombra de tragedias pasadas
Este incidente ocurre menos de un año después de la tragedia de abril de 2024, cuando Daniel Ochoa y Rosana Ledesma fallecieron en circunstancias similares en la misma mina y nivel. A pesar de los compromisos asumidos tras aquella tragedia, este nuevo hecho genera serias dudas sobre si se han implementado mejoras genuinas en los protocolos de seguridad o si los riesgos para los trabajadores continúan siendo parte de la rutina.
Gisela Ochoa, hermana de una de las víctimas de 2024, expresó su indignación en redes sociales: «Anoche casi mueren siete personas más, en el mismo nivel donde murió mi hermano. Sin el ‘casi’, serían siete muertos más, sumados a los dos de octubre. Todo sigue igual, y el gremio, que debería cuidar a los obreros, guarda silencio”.
Silencio del gremio y cuestionamientos
El rol de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Santa Cruz también está bajo la lupa. A pesar de ser el principal referente sindical en la actividad minera, no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente. Este silencio es especialmente significativo si se tiene en cuenta que, tras la tragedia de abril, se esperaba una postura más firme del gremio para garantizar condiciones de trabajo seguras. “El gremio no está cumpliendo su función, no presiona para que se implementen cambios reales en los protocolos. La seguridad de los mineros parece ser un tema secundario frente a actividades de menor relevancia”, declaró un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato.
¿Controles reales o promesas vacías?
Tras el incidente, el Gobierno de Santa Cruz envió equipos técnicos compuestos por representantes de los Ministerios de Trabajo, Minería y Seguridad, junto con personal de la Superintendencia de Bomberos, para evaluar lo ocurrido y supervisar el cumplimiento de los protocolos de emergencia. Sin embargo, estas medidas parecen reactivas y no preventivas, lo que pone en duda la efectividad de los controles gubernamentales en un sector estratégico como el minero.
Para muchos, la presencia de estas comisiones resulta insuficiente si no se traduce en medidas concretas que obliguen a las operadoras mineras a garantizar la seguridad de sus empleados. “Es un ciclo que se repite: tragedia, investigación, promesas de mejora y luego otro incidente. Hasta que no haya sanciones ejemplares, nada cambiará”, afirmó un analista de la industria consultado para esta nota.
Seguridad minera: un cambio impostergable
El caso de Cerro Negro expone un problema estructural en la industria minera de Santa Cruz: la falta de controles efectivos y de una verdadera cultura de seguridad. Aunque Newmont destacó que sus sistemas de seguridad funcionaron correctamente, las constantes denuncias y los antecedentes de tragedias evidencian que el riesgo sigue siendo elevado para quienes trabajan en las minas.
La pregunta que surge es si las autoridades provinciales y nacionales están dispuestas a asumir un rol más activo en la regulación de este sector clave. Mientras tanto, los trabajadores siguen siendo quienes pagan el precio más alto de un sistema que parece priorizar la producción sobre la vida.
Este nuevo incidente no solo reaviva el debate sobre la seguridad minera, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un cambio urgente y genuino. La vida de los trabajadores no puede seguir dependiendo de protocolos que fallan o de gremios que guardan silencio. Santa Cruz, una provincia que se enorgullece de ser el motor minero del país, tiene una deuda pendiente con quienes sostienen esa industria con su esfuerzo y, muchas veces, con su salud y su vida.
