El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y secretario gremial de CAME, Guillermo Polke, expresó reparos sobre la posibilidad de que el Estado provincial destine recursos provenientes de un eventual endeudamiento para ejecutar obras de infraestructura vinculadas a proyectos mineros.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa La Sobremesa, de Tiempo FM, en la que también abordó las gestiones que la entidad desarrolla para abrir nuevos mercados de exportación para la producción santacruceña.
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En ese contexto, Polke cuestionó uno de los argumentos que forman parte del debate sobre el proyecto de ley mediante el cual el Gobierno de Santa Cruz busca autorización para contraer un endeudamiento por hasta 600 millones de dólares destinado a obras públicas.
«Si realmente para que venga una minera nosotros le tenemos que hacer la ruta, poner el cable, llevar la electricidad, releamos esa política y si realmente es tan atractivo creo que una minera tiene el financiamiento, tiene la espalda, tiene los recursos para hacer la obra ellos, ya que van a ser beneficiados.»
El dirigente sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en aprobar o rechazar el endeudamiento, sino en analizar el destino de cada una de las obras contempladas y su verdadero impacto sobre el desarrollo provincial.
«Creo que hay que analizar qué obra sí y qué obra no, y si realmente esa obra va a cambiar la matriz económica de la provincia de Santa Cruz; también ver con quién tomamos el préstamo.»
Un debate que atraviesa a la minería
Las declaraciones de Polke se producen en medio del tratamiento legislativo del proyecto de financiamiento impulsado por el Poder Ejecutivo santacruceño, iniciativa que contempla inversiones en infraestructura vial, energética y de servicios.
En los últimos meses, distintos actores del sector minero han señalado que determinadas obras de infraestructura pueden tener un carácter estratégico porque no solo benefician a un proyecto en particular, sino que también generan conectividad, reducen costos logísticos, fortalecen el desarrollo regional y pueden ser aprovechadas por otras actividades productivas y por las comunidades.
En contrapartida, sectores empresariales como la Federación Económica plantean que corresponde analizar caso por caso para determinar cuándo una obra constituye infraestructura pública de interés general y cuándo representa una inversión que debería ser afrontada por las propias compañías que desarrollan los emprendimientos.
El planteo de Polke se suma así a una discusión que excede a la minería y alcanza al rol del Estado en la promoción de grandes inversiones, especialmente en un contexto de restricciones fiscales y de debate sobre el nivel de endeudamiento que puede asumir la provincia.
Mientras tanto, el proyecto continúa siendo analizado en la Legislatura provincial, donde uno de los ejes de la discusión pasa precisamente por definir qué obras tendrán un impacto estructural sobre la competitividad de Santa Cruz y cuáles responderán a necesidades específicas de determinados emprendimientos.
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Como siempre, desde Extremo Minero seguiremos de cerca este debate, aportando información técnica y el contexto necesario para comprender cómo estas decisiones pueden influir en el futuro de la minería y del desarrollo productivo de Santa Cruz.
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