El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Deseado, Leandro Ramírez, manifestó su preocupación por la falta de articulación entre la actividad minera y la comunidad local. Señaló que no existen aportes visibles de las empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y que el vínculo con el sector se ha vuelto distante, afectando las oportunidades de desarrollo para la localidad.
Ramírez expresó que, a diferencia de otras localidades santacruceñas, Puerto Deseado no cuenta con oficinas, delegaciones sindicales ni espacios de vinculación directa con las mineras que operan en la región. Indicó que esta situación genera dificultades para los vecinos interesados en insertarse laboralmente en el sector, ya que deben trasladarse a otras ciudades, como San Julián, para entregar sus currículums o participar de procesos de selección.
“En Deseado no se ve una presencia visible de las empresas mineras, y eso genera malestar en la comunidad.” Señaló en el presidente de la cámara de comercio de la localidad costera.
El dirigente sostuvo que, aunque la minería representa una de las principales actividades económicas de Santa Cruz, en Deseado “no se perciben los beneficios de manera directa”. En ese sentido, comparó el caso local con el de San Julián, donde —según destacó— la coordinación entre el municipio, las empresas y la comunidad permitió canalizar aportes importantes. “San Julián logró un desarrollo sostenido con el acompañamiento de la minera y una gestión ordenada. En Deseado, pese a estar geográficamente cerca de los grandes proyectos, eso no ocurre”, afirmó.
Ramírez también se refirió a los recientes anuncios sobre la extensión de la vida útil de Cerro Moro, proyecto operado por Pan American Silver, y consideró que se trata de una buena noticia “poco difundida” que debería representar un punto de partida para fortalecer el vínculo con la comunidad. Advirtió que, sin esa prórroga, el yacimiento podría agotarse en pocos años, lo que afectaría el empleo y la economía local, aunque cuestionó la falta de aportes visibles de las empresas mineras hacia la comunidad y recordó el reciente acuerdo firmado entre Cerro Vanguardia y la localidad de San Julián por más de 500 millones de pesos. “En Deseado no se ve una presencia similar”, aseguró, al tiempo que reclamó mecanismos más claros de articulación entre el sector privado, las autoridades y las instituciones locales.
Ramírez remarcó la importancia de que el Estado utilice las herramientas disponibles, como el régimen 90/10 o la intervención del Ministerio de Trabajo, para garantizar que las empresas promuevan oportunidades reales de empleo y desarrollo local.
Reclamo de articulación comunitaria
El presidente de la Cámara sostuvo que Puerto Deseado necesita retomar espacios de diálogo entre el sector empresarial, las autoridades y la comunidad, que permitan definir de manera conjunta el rol de la minería en el desarrollo local. “Hace falta un ámbito permanente de participación que acerque a todos los actores y garantice que la actividad deje beneficios concretos para la ciudad”, señaló.
