La Legislatura de Santa Cruz se prepara para debatir, posiblemente el próximo jueves, la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que ha generado divisiones entre oficialismo y oposición. Durante esta semana, las comisiones parlamentarias avanzaron con un despacho favorable, pero el camino hacia su aprobación sigue marcado por intensos cruces.
El RIGI, que busca promover grandes inversiones a través de beneficios fiscales y aduaneros, ha sido señalado por sectores opositores como perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la provincia. El diputado Carlos Santi, de Unión por la Patria, expresó su oposición tajante, calificándolo como «una entrega alevosa de los recursos naturales».
En diferentes entrevistas Santi ha sostenido que el régimen es «un error» que solo beneficiará a grandes empresas extranjeras mientras perjudica a los actores locales. «Estas empresas se llevan todo gratis y al que está acá, le cobran todo. La generación de trabajo es poca porque permite la importación de trabajadores de otras partes», sostuvo.
Por su parte, Eloy Echazú, presidente del bloque Unión por la Patria, también cuestionó la iniciativa. «La legislación nacional no nos ayuda como provincia. Es un retroceso para las pymes, que no verán beneficios fiscales ni cambiarios, y provocará pérdida de puestos de trabajo», señaló. Según Echazú, este régimen podría socavar la competitividad y el crecimiento económico de Santa Cruz, afectando principalmente al empleo.
Desde el oficialismo, la adhesión al RIGI ha sido defendida como una herramienta necesaria para captar inversiones y dinamizar la economía provincial. Sin embargo, las tensiones dentro del bloque Por Santa Cruz quedaron expuestas aquel 13 de septiembre pasado, cuando el diputado Javier Jara propuso devolver el proyecto a comisión en medio de protestas sociales frente a la Legislatura.
La división interna también se evidenció con el rechazo de sectores como Libres del Sur y el Movimiento Evita, mientras que la pronta incorporación de Pedro Luxen, hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal, podría reforzar las filas oficialistas de cara a la votación.
La polémica no solo abarca el ámbito político provincial, sino también el impacto económico y social que podría traer el régimen. Según Santi, «es preocupante que haya quienes crean que esto será un boom de inversiones. Es un refuerzo del unitarismo que condiciona a la provincia».
Distribución del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina
La provincia de Entre Ríos fue la última en sumarse al conjunto de jurisdicciones que han adoptado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), reforzando la presencia de este esquema en diversas regiones del país. Con su implementación en provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan, el RIGI se consolida como una herramienta clave para fomentar proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares, ofreciendo ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias diseñadas para atraer capitales nacionales e internacionales.
La realidad de San Juan
Minas Argentinas, operadora de la Mina Gualcamayo, se convirtió en la primera empresa de San Juan en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), comprometiendo una inversión de USD 1,000 millones. La empresa planea desarrollar un nuevo sistema de mina subterránea, molienda, y una planta de flotación con capacidad de entre 3.500 y 4.000 toneladas/día. También se realizará una inversión de USD 485 millones en el proyecto Carbonatos Profundos, que producirá 120 mil onzas de oro anuales por al menos 17 años y generará alrededor de 1,400 empleos.
Además, el plan incluye la producción de cales industriales con una inversión de USD 75 millones, y la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW, con una inversión de USD 37 millones, que abastecerá las necesidades eléctricas de la mina. A futuro, se planea un enlace con el Sistema Interconectado Nacional. El proyecto también contempla la repotenciación del sistema de lixiviación y trabajos de restauración ambiental, con una inversión estimada de USD 350 millones.
Minas Argentinas y AISA Group planean presentar un segundo VPU, que podría comprometer otros USD 1,000 millones en proyectos fotovoltaicos y mejoras en el sistema de transmisión eléctrica. El gobierno nacional evaluará el plan en los próximos 45 días hábiles.
En medio de este escenario, la sesión del próximo jueves promete reavivar el debate sobre los recursos naturales y el desarrollo económico en Santa Cruz. Mientras el oficialismo busca consolidar los votos necesarios, la oposición insiste en que el RIGI no representa una solución sostenible para la provincia.
