La reciente tragedia en el yacimiento Cerro Negro, cercano a Perito Moreno, donde perdieron la vida Daniel Ochoa y Rosana Ledesma, ha conmocionado profundamente a las familias afectadas y a toda la comunidad minera de Santa Cruz. En medio del duelo y la consternación, es crucial que se busquen respuestas concretas y soluciones reales para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
Sin embargo, es desalentador ver cómo, una vez más, la política se interpone en un momento de dolor y necesidad. Las declaraciones de distintos funcionarios, intentando atribuir responsabilidades y buscando chivos expiatorios cuando aun no hay información definitiva sobre las pericias realizadas sobre el hecho, no hacen más que desviar la atención de lo que realmente importa: la seguridad y el bienestar de los trabajadores mineros y sus familias.
En lugar de señalar con el dedo y buscar culpables, lo que la familia minera santacruceña necesita son respuestas concretas y soluciones reales. Es evidente que hay fallas sistémicas que han contribuido a esta tragedia, desde la falta de políticas públicas efectivas hasta la ausencia de controles adecuados, algo que evidentemente ocurría en gestiones anteriores, pero que tras prácticamente cuatro meses del nuevo gobierno no parecen haber cambiado. Es hora de que las autoridades asuman su real responsabilidad y tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los trabajadores mineros.
Esto implica no solo optimizar y hacer cumplir rigurosamente protocolos de seguridad, sino también invertir en equipos adecuados, proporcionar una formación adecuada al personal y establecer un sistema de supervisión independiente que no esté sujeto a influencias políticas o económicas.
El dolor de esta tragedia debe servir como un llamado de atención urgente para todos los actores involucrados en la industria minera. Es hora de dejar de lado las disputas partidistas y trabajar juntos para asegurar que ninguna vida se pierda en el cumplimiento de un trabajo. La seguridad de los mineros debe ser la prioridad absoluta, y eso requiere acciones concretas y efectivas, no palabras vacías ni juegos políticos.
