El debate por la mano de obra local en la minería de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo el pasado 26 de febrero de 2026, cuando el senador nacional José María Carambia expuso en el recinto del Senado de la Nación Argentina una serie de cuestionamientos vinculados al cumplimiento de la denominada Ley 90/10.
La intervención se dio en el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante su discurso, Carambia amplió el eje ambiental y puso el foco en el impacto social de la actividad minera en la provincia, particularmente en lo referido al empleo.
Según expresó, la normativa que exige que el 90% de los trabajadores mineros tengan domicilio en Santa Cruz no se estaría cumpliendo de manera efectiva. Afirmó que es posible advertir la llegada de contingentes de trabajadores provenientes de otras provincias en vuelos regulares hacia territorio santacruceño, y sostuvo que muchos de ellos no ocupan cargos técnicos altamente especializados, sino también funciones operativas, administrativas y de servicios.
En ese contexto, describió además supuestas maniobras para evitar controles provinciales en rutas estratégicas, señalando que ante mayores fiscalizaciones algunas empresas modificarían los trayectos de traslado del personal.
La Ley 90/10 fue concebida como una herramienta central para asegurar que la minería —principal actividad exportadora de la provincia— tenga un impacto directo en la generación de empleo local. Su espíritu apunta a que la renta minera no se limite a regalías e impuestos, sino que se traduzca en oportunidades concretas para los santacruceños.
El planteo del senador no desconoce la necesidad de incorporar perfiles externos cuando se trata de especialidades que no existen en la provincia. Sin embargo, el eje de la crítica radica en la utilización de ese argumento para justificar ingresos masivos en puestos que podrían ser cubiertos por trabajadores locales.
Más allá del posicionamiento político, el debate reabre interrogantes estructurales para el sector:
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¿Se están realizando auditorías sistemáticas sobre el cumplimiento de la 90/10?
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¿Existen sanciones efectivas ante incumplimientos comprobados?
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¿Hay mecanismos de transparencia en la información laboral de los proyectos?
La minería en Santa Cruz ha consolidado estándares ambientales y productivos cada vez más exigentes. En esa misma línea, la dimensión social —empleo, capacitación y desarrollo territorial— requiere controles claros, previsibilidad normativa y reglas que se cumplan sin excepciones.
El desafío no es confrontar con la industria, sino fortalecer un esquema donde inversión, empleo y responsabilidad social convivan bajo parámetros verificables. La licencia social de la actividad depende, en gran medida, de que el impacto laboral sea real y perceptible en cada comunidad.
En este escenario, la discusión sobre el empleo local se vincula directamente con la llamada “licencia social” para operar. En una provincia donde la minería tiene fuerte incidencia económica y territorial, la aceptación comunitaria no se sostiene únicamente en indicadores productivos o ambientales, sino también en el impacto tangible sobre el trabajo y el entramado empresarial santacruceño. La contratación de proveedores locales —desde servicios industriales hasta logística, mantenimiento y comercio— constituye un componente central de ese vínculo.
Cuando la cadena de valor se integra con empresas radicadas en la provincia, se multiplica el efecto económico, se fortalece la red pyme y se consolida la percepción de que la actividad genera desarrollo real. Por el contrario, si la participación local se percibe como marginal, la licencia social se erosiona y se profundiza la demanda de mayores controles y compromisos verificables por parte del Estado y de las compañías.
Al finalizar esta lectura, te invitamos a conocer el directorio de proveedores mineros y servicios especializados, una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo local y potenciar el desarrollo de la industria en Santa Cruz.
