Santa Cruz
El diputado provincial Santiago Aberastain Zubimendi volvió a colocar a la minería y al empleo local en el centro del debate político santacruceño tras presentar un nuevo proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario y que apunta directamente a las empresas contratistas medianas y grandes que trabajan para operadoras mineras y petroleras en la provincia.

La iniciativa propone establecer la obligación de arraigo territorial para las compañías proveedoras que desarrollen actividades en yacimientos santacruceños. En concreto, busca que las operadoras incorporen cláusulas obligatorias en sus contratos para exigir que esas empresas abran oficinas físicas en las localidades cercanas a las operaciones.
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El objetivo, según explicó el legislador, es fortalecer el vínculo entre las empresas y las comunidades, facilitar el acceso laboral de los vecinos y garantizar una presencia real de quienes obtienen contratos millonarios dentro de la actividad extractiva.
“No puede ser que empresas grandes, que logran contratos tremendamente onerosos, no abran ni siquiera una oficina para que nuestros vecinos se puedan acercar a dejar un CV”, expresó Aberastain al presentar públicamente el proyecto.
La propuesta aparece en medio de un creciente debate sobre el impacto real de la minería y el petróleo en las localidades de Santa Cruz, especialmente en relación con el empleo local, el compre santacruceño y el desarrollo territorial.
Un diputado cada vez más activo en la agenda minera
El proyecto de arraigo territorial no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, Aberastain se consolidó como una de las voces más activas dentro de la discusión minera provincial, impulsando distintas iniciativas legislativas vinculadas al empleo, proveedores y distribución de beneficios de la actividad.
Entre ellas se destaca la creación de la “Mesa Minera Santacruceña”, un proyecto que propone institucionalizar un ámbito permanente de articulación entre el Estado, sindicatos, operadoras, cámaras empresariales y proveedores locales. La iniciativa busca discutir políticas de largo plazo para el sector, priorizando empleo santacruceño, capacitación y fortalecimiento de PyMEs provinciales.
También fue uno de los principales defensores de la aplicación efectiva de la Ley 90/10, que prioriza la contratación de mano de obra local dentro de la minería. En distintas declaraciones públicas sostuvo que el esquema “no se cumple” plenamente y pidió mayor compromiso empresarial y control estatal.
Otro de los debates impulsados por el legislador gira en torno a la distribución de la renta minera. Junto a otros diputados, promovió la discusión para elevar las regalías mineras del 3% al 5%, el máximo permitido por la legislación nacional, buscando que una parte mayor de los recursos quede en Santa Cruz.
En paralelo, Aberastain también planteó la necesidad de discutir el escenario post-minero de las localidades y cuestionó públicamente el escaso “derrame” económico que, según sostiene, todavía perciben muchas comunidades cercanas a los yacimientos.
Un debate que promete tensión
La nueva iniciativa podría abrir un fuerte debate dentro del sector empresario y político, ya que pone el foco sobre el nivel de integración territorial de muchas compañías proveedoras que operan en Santa Cruz sin contar con presencia física en las localidades cercanas a los proyectos.
Desde distintos sectores vinculados al empleo local vienen reclamando desde hace tiempo mayores mecanismos de acceso laboral para vecinos de la provincia, especialmente en ciudades atravesadas históricamente por la actividad minera y petrolera.
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Mientras el proyecto comienza ahora su recorrido legislativo, el planteo vuelve a instalar una discusión de fondo en Santa Cruz: cuánto de la riqueza generada por la minería y el petróleo queda realmente en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.






























